Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Sus zonas rurales se debaten desde décadas por sobrevivir entre sequías, epidemias por falta de higiene, y falta de acceso al agua y al saneamiento. La violencia terrorista se ha añadido desde hace unos años a estas calamidades asolando la degradada zona norte del país que ahora se plantea cómo luchar contra la covid-19. El pequeño país es un buen ejemplo del drama humano del Sahel, la gran franja de 5.400 km que atraviesa África de oeste a este, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo; una vasta extensión de territorio semidesértico al que muchos medios de comunicación internacionales denominan el “cinturón del hambre”.

Los poco más de 15.000 habitantes de la pequeña ciudad de Dori, al noreste de Burkina Faso nunca antes había estado bajo tanta presión. La capital de la reseca región del Sahel, cercana a la frontera con Níger, lleva más de cuatro años acogiendo a personas de las zonas rurales desplazadas por la brutal violencia de los grupos terroristas. Las últimas semanas, los ataques ha alcanzado de lleno a sus habitantes que han pasado de ser acogedores a migrantes. Según informaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y Médicos Sin Fronteras, miles de habitantes de la ciudad huyen despavoridos de la violencia de grupos armados, como Estado Islámico, que irrumpen en la ciudad matando a cualquier opositor a sus ideas, violando y esclavizando a las mujeres y cerrando escuelas por propagar ideas que consideran herejías. La pandemia del coronavirus se contempla como una amenaza secundaria contra la que no hay recursos ni seguridad para combatir.

Unos 400 km al suroeste de Dori se encuentra la comuna de Léo, al sur de la Región Centro-Oeste. Es una región más fértil y húmeda que la del Sahel de Dori. Allí no llega la violencia terrorista, pero la presión migratoria, proveniente de las sequías y la degradación del suelo de las zonas del norte, lleva años desequilibrando una sociedad que se debate por salir adelante con pésimas infraestructuras de acceso al agua y saneamiento.

La Región Centro-Oeste, donde se encuentra Léo, tiene una tasa de acceso a infraestructuras de saneamiento de tan sólo el 26%, y la defecación al aire libre alcanza al 68% de la población. El porcentaje de los que no tienen acceso a una fuente segura de agua es del 18%. Esto revierte en una alta persistencia de las enfermedades de transmisión hídrica entre los más pequeños, con una prevalencia endémica de la diarrea que alcanza al 20,7% de niños y niñas menores de 5 años.

Allí, en 19 comunidades de Léo, la Fundación We Are Water inició un proyecto en 2017 con Unicef para mejorar las capacidades y la resiliencia de la población en acceso al agua y saneamiento, así como mejorar sus condiciones de vida y su salud en general.El proyecto promueve la construcción de instalaciones de saneamientomediante la metodología SANTOLIC (Saneamiento Total Liderado por la Comunidad) y da continuidad al que proporcionó saneamiento a 2.140 familias de 30 comunidades. Estos proyectos inciden de lleno en el principal problema de higiene que tiene Burkina Faso y la práctica totalidad de los países del Sahel y el África Subsahariana; problema que se pone de relieve dramáticamente con la pandemia de la covid-19.

El apodo de  “cinturón del hambre” le viene al Sahel desde la devastadora sequía de 1984-1985. Esta crisis climática desveló al mundo las malas prácticas que hasta entonces se habían realizado en la zona. La visión a corto plazo de los gobiernos y comunidades, que buscaban maximizar el rendimiento económico en el menor tiempo posible, había llevado a una grave degradación del suelo: durante los periodos lluviosos, tanto los gobiernos como los propios campesinos habían incrementado el pastoreo y la agricultura, lo que había causado una sistemática sobreexplotación de la tierra muy por encima de su capacidad media de proveer agua y pasto.

Esta alternancia de las épocas de relativa abundancia de agua ha cronificado los movimientos migratorios norte-sur, y la inestabilidad económica y social de los países que comparten la franja del Sahel. Estas últimas décadas, en Burkina Faso, la degradación de las tierras del norte semidesértico y de la meseta central ha venido fomentando históricamente los desplazamientos humanos a gran escala hacia las zonas más fértiles del sur. En la actualidad, aunque el Gobierno está rehabilitando muchas de las provincias septentrionales más secas mediante proyectos de recuperación del suelo y del agua, las provincias meridionales, como la de Léo, han quedado desatendidas en sus necesidades más básicas de acceso al agua y de gestión del territorio.

La pandemia del coronavirus ha llegado en el momento climáticamente más incierto. A principios del verano se produce un periodo angustioso para la población agrícola y pastoril: los beneficios y alimentos recolectados en la cosecha anterior se han terminado o están a punto de acabarse y aún nose ha recogido la siguiente. La incertidumbre ante el periodo de lluvias, que va de junio a septiembre, se ha incrementado los últimos años ante el aumento de las tormentas extremas que han empeorado la erosión, dejando menos agua útil.

A este crítico lapso de tiempo los nativos lo denominan con el término francés soudoure. Es un periodo durante el cualla población reduce su ingesta de alimentos y la malnutrición aguda se dispara entre los niños que se vuelven muy vulnerables a las endemias por el mal estado del agua y la falta de higiene. La FAO advierte que este año unos 5,5 millones ya sufren la crisis de la escasez y hay 19 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria en la zona.

Para hacer frente a este gigantesco desafío, el Banco Mundial estimaba el pasado enero, antes de que se declarara la pandemia, que eran necesarios unos 1.000 millones de euros de inversión en el Sahel.

Pero es la tragedia del terrorismo, que afecta a buena parte de los países del Sahel, el objetivo prioritario, pues añade al terrible coste humanitario la imposibilidad de mantener cualquier programa de desarrollo económico y social, y atender a cualquier emergencia sanitaria con efectividad. En el caso de Burkina Faso, las regiones del nordeste, donde se ubica Dori, son las más conflictivas. Se encuentran en la denominada “zona de las tres fronteras” – Mali, Níger y Burkina Faso -, donde la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, que lleva a cabo el ejército con el respaldo de Francia, no tiene visos de solucionarse a corto plazo.

Según ACNUR, sólo en Burkina Faso se han contabilizado 880.000 desplazados por la violencia hasta abril de este año. En todo el Sahel, grupos como Al Shabaab, Boko Haram, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) y otros han provocado que la cifra de los que huyen de la violencia alcance los tres millones.  

Burkina Faso quiere decir “patria de hombres íntegros”. La integridad de sus habitantes les ha ayudado a resistir todo tipo de calamidades, aunque con un alto coste humanitario. Es un país que simboliza de forma dramática los problemas de una de las regiones más pobres y vulnerables del planeta. El mundo necesita que su integridad, que no les abandonará, alcance a la sociedad internacional. Hace falta ayuda económica y política, y mucha sensibilización social internacional para acabar con una tragedia humana inadmisible.