“Lo primero que se lleva la lluvia es el recuerdo de la sequía”. Es una metáfora que cobra especial vigencia en España. En los últimos 40 años, según datos de AEMET, han habido en el país tres episodios significativos de sequía prolongada e intensa: 1982-84, 1991-96 y 2005-09, y cuatro intensos pero cortos: en 1975-76, 1987-88, 2000-01 y 2017-18. En el momento de escribir estas líneas el país está sufriendo un nuevo periodo de sequía intensa, aunque de momento corta. Entre cada uno de estos episodios la aplicación de la metáfora ha adquirido cierto sentido en España: la gobernanza parece no haber aprendido de las recurrentes sequías y sigue arrastrando problemas hídricos endémicos que no acaban de solucionarse.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) define las “tierras secas” como áreas de clima tropical y clima templado con un índice de aridez menor de 0,65. La mayor parte del territorio español pertenece a esta categoría, con la mayor parte de su vertiente mediterránea calificada como “semiárida” (con un índice de aridez entre 0,5 y 0,2). Lo más preocupante es que el 74% del territorio se encuentra en en riesgo de desertificación, con algunas regiones del sudeste en “riesgo muy alto”, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por otra parte, España es uno de los países industrializados con mayor estrés hídrico del mundo. Según el Banco Mundial, el estrés hídrico se situaba en el 42,5% en 2017; un porcentaje que expresa la relación entre el total de agua dulce extraída y el total de renovable de forma natural, después de tener en cuenta las necesidades ambientales de agua. Para relativizar este dato, en Italia, en 2017, fue del 30%, en Francia, el 23%, y en Egipto alcanzó el 116%.

España es el tercer país de los miembros de la UE con más superficie agrícola utilizada, y la agricultura se lleva entre el 70 y el 80% del agua. El país cerró 2020 con 3,83 millones de hectáreas agrícolas de regadío, una superficie que cada año aumenta. El 77 % de este regadío se realiza con sistemas eficientes localizados, como el goteo, pero en el resto prevalece el riego por aspersión y por gravedad, sistemas que generan un mayor desperdicio de agua.

En marzo del pasado año, el Gobierno de España presentó el informe España 2050 en el que se reconoce la preocupación por el estrés hídrico y se aboga por “reordenar los usos agrícolas y cultivos, priorizando la agricultura sostenible y socialmente justa”. El documento reconoce que los recursos hídricos del país están disminuyendo en cantidad y calidad, y que más de la mitad de los acuíferos presentan un alto grado de contaminación por nitratos, estando el 36% de ellos en riesgo de sobreexplotación.

El documento se presenta como una referencia para mediar en las inacabables polémicas sobre trasvases y política de embalses, las interminables “guerras del agua” que enfrentan a los que defienden el capital natural que representa el medio ambiente y los regantes de la agricultura intensiva, a los que se responsabiliza del deterioro de los acuíferos. Desastres como el del mar Menor y la alarmante degradación de humedales como el de Doñana, las Tablas de Daimiel, el Delta del Ebro y la Albufera de Valencia han sembrado la alerta entre la opinión pública.

Junto a la agricultura, el turismo genera en España más de 50 millones de visitantes, principalmente en la temporada de verano, la de menor pluviosidad, y es otro gran factor de estrés hídrico: mientras que un español medio consume 127 litros al día, el gasto por turista oscila entre los 450 y los 800 litros.

La temporada turística de 2019, desarrollamos en la Fundación We Are Water el proyecto Hagamos un trato (Let’s Make a Deal) junto a la cadena hotelera Diamond Resorts, con el objetivo de concienciar a clientes y trabajadores sobre la importancia de un uso responsable del agua. Y el resultado fue óptimo, consiguiendo un ahorro con respecto al año anterior de 2 millones de litros de agua al reducir varios consumos, entre ellos el lavado de toallas y sábanas.

Este enfoque de concienciación es fundamental en España, donde el sector turístico antes de la pandemia representaba el 12,4% del PIB y generaba el 13% del empleo. Un país, además, en el que la mayor parte del turismo internacional responde al reclamo de “sol y playa”, términos que en muchas ocasiones se correlacionan con “sequía y vulnerabilidad ambiental”, una situación que el cambio climático amenaza con empeorar.

En España existe una gran dispersión normativa y administrativa. Además del Estado, 8.125 municipios, 19 comunidades autónomas, 40 cuencas hidrográficas con nueve organismos de cuenca intercomunitarias, 12 ámbitos de gestión en cuencas intracomunitarias y 19 demarcaciones hidrográficas tienen algún tipo de competencias sobre el agua.

La dispersión en la gestión genera dos problemas notables: la dificultad de diseñar un mecanismo regulador a nivel de estado, y el hecho de que muchas entidades, como por ejemplo los pequeños municipios, les sea difícil acceder a economías de escala para financiar las instalaciones y tecnología necesarias para el suministro y el tratamiento de las aguas residuales.

Otro problema de la dispersión administrativa es la variabilidad del precio del agua. En España, la variabilidad tarifaria es del 550%, mientras que la media europea es del 107%, unas cinco veces menor. Sin embargo, en la actualidad, según datos de AEAS, las tarifas actuales no cubren los costes y en muchos casos sólo alcanzan para los gastos operativos.

Pese a que la factura del agua en los hogares españoles supone el 0,9% del presupuesto familiar, muy por debajo del 3% que marca la ONU como límite para garantizar el derecho de asequibilidad, las diferencias tarifarias crean confusión y desconfianza entre los usuarios.

Diferentes tarifas, diferentes marcos jurídicos, diferentes metodologías, falta de ortodoxia en el control tanto de los recursos privados como públicos… España debe dar una respuesta conjunta y ordenada, y la necesidad de la creación de un organismo regulador es evidente.

Estas deficiencias son una de las causas de que España ostente el récord europeo en sanciones de la UE por incumplimiento en depuración: tres décadas acumulando de sanciones que ascienden a 53,4 millones de euros, una cantidad que se incrementa 10 millones cada semestre de incumplimiento.

El marasmo gubernativo tiene otros síntomas, como la falta de inversión en agua y saneamiento. Tras la crisis financiera de 2008, el plan de consolidación fiscal en España se centró en la reducción de inversión pública, de tal manera que se triplicó la reducción de inversión pública respecto al promedio de la UE. La cosa no parece mejorar y actualmente el país tiene el menor ratio inversor en agua de entre las mayores economías europeas.

Esto queda en evidencia en la irrelevancia del agua en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), del programa Next Generation, para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Pese a tener un plan completo de actuaciones perfectamente identificado, las inversiones en 2021/22 en Ecosistemas Resilientes y Preservación de Recursos Hídricos es de 1.850 millones, un exiguo 3,6% de las subvenciones del MRR.

En España, existe un enrarecido debate sobre el modelo público o privado de gestión del agua que dificulta la inversión en infraestructuras y tecnología. La asimilación del agua como un bien social no debe hacer olvidar que para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo, es precisa la inversión en infraestructuras y tecnología.

España es un país atractivo para los inversores, pero la deficiente regulación y la falta de esquemas adecuados para la colaboración público-privada es un impedimento. Corresponde a la gobernanza dar a los mercados incentivos claros de inversión. Es perfectamente posible mantener el carácter público del servicio del agua y que exista un organismo regulador que supervise tanto a empresas privadas, públicas o mixtas, como a las propias autoridades estatales, regionales o locales.

Buena parte de la ciudadanía española, como la de muchos países industrializados, no es consciente de lo que ocurre aguas arriba de sus grifos y aguas abajo de sus desagües. La gobernanza del agua tiene una asignatura pendiente en comunicación con la ciudadanía. Acabar con la confusión y desconfianza de la variabilidad tarifaria, zanjar la politización de lo público-privado y alertar de la urgencia de pensar en términos de seguridad hídrica es imprescindible para crear un contexto eficiente para atraer la inversión necesaria.

En el mundo de las tierras secas, donde más de 2.500 millones de habitantes se debaten en la incertidumbre de la inseguridad hídrica, España tiene la oportunidad de mostrar la realidad de los problemas del agua, crear valor añadido y generar conocimiento y tecnología que luego pueda transferirse a las comunidades más necesitadas.