En noviembre de 2020, dos huracanes azotaron sucesivamente Centroamérica. El primero fue el Eta, de categoría 4, sobre 5. Tres semanas después, un nuevo huracán, el Iota, alcanzó la categoría 5 y destruyó prácticamente por completo lo poco que se había salvado del primero.

Entre Guatemala y Honduras los afectados superaron los nueve millones y, según UNICEF, unos 3,5 millones de niños quedaron sin hogar. Ambos fenómenos dejaron unos 200 muertos, decenas de desaparecidos, y destruyeron la mayor parte de los cultivos, instalaciones de agua y saneamiento, carreteras y fábricas. En plena pandemia de la covid-19, los huracanes cayeron sobre más de 1,6 millones de personas que según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), se encontraban en la fase 3: “Crisis aguda de alimentos y medios de subsistencia”. En Honduras el viento y las inundaciones destruyeron más de 91.000 viviendas, dejando más de 4,5 millones de damnificados, y el 80% de las cosechas quedó arrasado

Este desastre natural asoló una de las regiones del mundo más castigadas por la violencia, la pobreza y el abandono institucional. Ocurrió lo mismo en octubre de 1998, cuando el huracán Mitch alcanzó la categoría 5 y dejó cantidades históricas de precipitaciones en el denominado Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) y Nicaragua, donde cerca de 20.000 personas murieron (unas 14.000 en Honduras) y alrededor de 8.000 desaparecieron. Las inundaciones causaron pérdidas por valor de 5.000 millones de dólares.

A 14 meses del desastre del Eta y el Iota, Honduras aún no se ha recuperado. Esto ha comprometido seriamente la salud, especialmente de los escolares, y la adecuada gestión de los recursos naturales, uno de los potencialidades del gran capital natural de todo Centroamérica.

Es lo que ocurre en el departamento de El Paraíso, uno de los más perjudicados por los huracanes que inciden en unas comunidades con malos hábitos de higiene que generan riesgos en la salud. Esto aumenta su vulnerabilidad frente a la pandemia del coronavirus o a los futuros desastres naturales que se avizoran en la zona a causa del cambio climático. Allí hemos iniciado un proyecto colaborando con World Vision para proporcionar acceso al agua y al saneamiento que beneficiará a más de 5.700 habitantes que sufrieron las consecuencias de la violencia meteorológica. El proyecto incide de forma especial en la capacitación y la participación transversal de la comunidad para lograr la resistencia y eficiencia de las instalaciones. Esto incluye la formación en la adecuada gestión integral de microcuencas y en el desarrollo de planes de mitigación para reducir los efectos de los eventos climáticos extremos.

Todo ello ha de contribuir a que la resiliencia ancestral de estas comunidades, desarrollada a base de soportar desastres, lleve a soluciones efectivas que constituyan el fundamento de un desarrollo económico que les permita salir de la pobreza y aprovechar la riqueza de su biodiversidad. A este respecto, las montañas y los profundos valles hondureños son una de las grandes reservas de la Tierra: existen unas 8.000 especies de plantas, alrededor de 250 de reptiles y anfibios, más de 700 de aves y 110 de mamíferos.

Las zonas rurales de Honduras necesitan agua y saneamiento para vislumbrar un futuro sin pobreza y esperanza de desarrollo. Estas regiones constituyen desde hace décadas uno de los mayores focos de migración tanto interna como externa del país. El drama de la migración se hizo especialmente relevante en 2018, cuando se inició un movimiento de hondureños hacia México con la idea pedir asilo o de llegar a Estados Unidos. Les siguieron sucesivos éxodos de guatemaltecos y salvadoreños en un flujo incesante. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en diciembre de 2019 se habían desplazado a EEUU el 9% de la población de El Salvador, Guatemala y Honduras; un total de tres millones de personas, de las que el 60% de ellas eran irregulares. El 74 % de los migrantes huían de la pobreza, el 43% buscaba la reunificación familiar con anteriores migrantes, y el 41% quería escapar de la violencia de sus países. Éste es un factor lacerante que se añade a la pobreza. La violencia endémica constituye otra de las principales motivaciones del “huir o morir” que manifiestan muchos de los que cruzan las fronteras: provienen de una de las regiones con mayor concentración homicida del mundo.

El drama de los migrantes provenientes del Triángulo Norte no tiene visos de cesar. La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que en el mundo hay alrededor de 470.000 refugiados y solicitantes de asilo provenientes de esta zona, de ellos más de 97.000 están en México, mientras que sólo en Honduras y El Salvador hay más de 318.000 mil desplazados internos. Pese a que el estallido de pandemia de la covid-19 y su virulencia en EEUU y México, frenó significativamente la avalancha de migrantes, según el Gobierno de México, en 2021 las solicitudes de asilo en el país han vuelto a aumentar, duplicando la cifra de 2020: 31.894 frente a 15.398.

La covid-19 aumentó la vulnerabilidad de los que ya malvivían hacinados y en pésimas condiciones de salubridad, con dificultades para obtener agua y saneamiento, y faltos de las más elementales prácticas de higiene para frenar la pandemia. Por este motivo iniciamos el pasado año un proyecto con World Vision en la zona fronteriza de Tijuana, en el estado mexicano de Baja California, con el objetivo de luchar contra la propagación del coronavirus, incrementando el acceso a instalaciones de lavado de manos y la disponibilidad de agua y jabón en centros de atención a migrantes.

Los desastres naturales azotan en Honduras a una población que arrastra deficiencias en acceso al agua y al saneamiento con pocas mejoras desde décadas. Con apenas 10 millones de habitantes, pese a que es uno de los países con alta disponibilidad hídrica (al menos 87.000 millones de metros cúbicos al año), los datos de acceso al agua no se corresponden. Es una situación que se da en muchos países tropicales con un alta pluviosidad pero con un déficit estructural en suministro.

Los datos del Programa de Monitoreo Conjunto del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (PCM, también conocido por sus siglas del ingles, JMP) confirman estas deficiencias. En las zonas rurales, los datos de 2020 indicaban que sólo unos 770.000 campesinos hondureños tienen asegurado el acceso seguro al agua, lo que significa el 18,71% de la población, una mejora insignificante respecto al 18% de 2015. La inmensa mayoría de los agricultores, un 71,16%, tienen un suministro catalogado como “básico” por el PCM; es decir que disponen de una fuente que cumple los requisitos de seguridad (fuente mejorada) excepto que no se encuentra en sus domicilios, pero el tiempo de ida, espera y vuelta de ir a por ella no es mayor a 30 minutos. Sin embargo, en 2020, 384.000 campesinos hondureños aún tenían como único recurso una fuente no mejorada, es decir la que proviene de pozos excavados o de manantiales no protegidos ni seguros.

Por lo que respecta al saneamiento, todavía persiste en el campo hondureño la defecación al aire libre, con unos 344.000 practicantes, lo que representa el 8,34% de la población; aunque han habido notables mejoras respecto a 2015 cuando era del 14,4%. Los que disponen de instalaciones gestionadas de forma segura alcanzaban en 2020 casi los tres millones, más del 70% de la población, respecto al 64,04% de 2015.

Por otra parte, el pueblo hondureño lleva décadas sufriendo la inestabilidad política, la corrupción y la violencia junto al azote de los huracanes. Después de la nefasta guerra de 1969 con su vecino El Salvador, Honduras ha sufrido los conflictos de sus países colindantes y la beligerancia general de Centroamérica. Las gestiones de sus gobiernos han tenido poco éxito hasta ahora para solucionar la alta conflictividad social y las bolsas de pobreza.

A la necesidad de una gobernanza eficaz se añade en Honduras la de desarrollar estrategias frente al cambio climático, cuyos efectos ya se manifiestan con un incremento de la temperatura media y con una inestabilidad pluviométrica inusual. También las previsiones del IPCC señalan un aumento del número y la intensidad de los huracanes en el Caribe. Honduras afronta un enorme reto: hacer posible la resiliencia y disminuir el riesgo frente a los desastres naturales. Para ello, los hondureños precisan de sólidas infraestructuras de agua y saneamiento universales. El mundo debe ser consciente de su sufrimiento y de las dificultades que afrontan para lograrlo y ayudarlos; su entrega y capacidad de trabajo hará el resto.