¿Estará infectada el agua? ¿Se interrumpirá el suministro? Cuando se desencadenó la pandemia de la covid-19, la alarma se desató entre muchos de los más de 5.000 millones de personas que disponen de acceso universal al agua en sus hogares. En el mundo industrializado, en los primeros días de la emergencia sanitaria, se disparó el consumo de agua mineral embotellada. Según la consultora Kantar, en España, uno de los países más afectados, las ventas se incrementaron un 21 %, según datos provenientes de los supermercados; y este incremento llegó casi al 70 % entre la población que se declaró más preocupada por la pandemia en la encuesta de la consultora. El agua embotellada fue el producto más demandado después del papel higiénico, de forma similar a lo que ocurrió en Italia, Francia, Alemania y EEUU.

Los temores resultaron infundados. En España, la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS) se adelantó al Gobierno con un comunicado tranquilizador: el suministro de agua estaba libre de todo virus y el personal profesional expuesto en su trabajo a las aguas residuales gozaba de buena salud. La Asociación desmintió así algunos bulos que se difundieron por las redes sociales que aseguraban que uno de los vectores de transmisión del SARS-CoV-2 era el agua.

Los Gobiernos europeos reaccionaron algo más tarde, y no fue hasta el 12 de abril que difundieron el comunicado de la OMS avalado por el consenso de organizaciones científicas, como los Centers for Disease Control and Prevention (ECDC/CDC) y la Environmental Protection Agency (EPA), que aseguraban la total ausencia del SARS-CoV-2 en aguas de consumo. La OMS señaló que, cuando las aguas están tratadas con filtración y desinfección, los virus quedan inactivados. El sector del agua demostró además su capacidad de resistir una crisis sanitaria de este calibre, manteniendo la plena operatividad de sus instalaciones y la seguridad de sus profesionales.

Por otra parte, la mayoría de los 5.000 millones de beneficiaros del acceso universal al agua han visto como sus Gobiernos se apresuraron a asegurar el suministro a los colectivos con riesgo de exclusión ante la crisis económica desatada por la pandemia. El desahucio hídrico, una lacra que en las democracias avanzadas la presión de la sociedad civil trata de evitar, quedó imposibilitado por decreto de la mayor parte de los países industrializados.

De hecho, la asequibilidad del agua está especificada por la ONU como un derecho humano: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico”. La pandemia de la covid-19 ha permitido dar a conocer a la ciudadanía este derecho fundamental puesto en riesgo por una emergencia global.

Uno de los aspectos positivos de la pandemia es que ha hecho conscientes a muchos de la importancia y complejidad del ciclo integral del agua; el que permite a millones de hogares y empresas disponer de ella con garantías de salubridad, y que posee unos profesionales que garantizan que el agua seguirá saliendo del grifo cada día, algo imprescindible para la continuidad de la vida diaria en los hogares de los confinados por la emergencia.

Los ciudadanos de los países industrializados están generalmente acostumbrados a pagar poco por el agua, y cualquier medida tendente a aumentar el precio del recibo es muy impopular. Por lo general, esta actitud va acompañada por una falta de conocimiento de lo que cuesta y lo imprescindible que es para el bienestar y la vida cada gota de agua que llega a los hogares. Este debería ser otro de los beneficios de la pandemia: crear entre la sociedad civil un marco racional basado en el conocimiento ciudadano para abordar el eterno conflicto entre lo público y lo privado, y alcanzar una justa colaboración entre ambos sectores para garantizar el cumplimiento del derecho al acceso universal al agua y al saneamiento.

Esta colaboración debe crear valor añadido y generar conocimiento y tecnología que luego pueda transferirse a las comunidades más necesitadas. Así lo entiende la ONU, que señala que ha establecido el ODS 17 para lograr la adecuada colaboración público-privada que lleve a conseguir el resto de los objetivos.

Crear sistemas de gestión eficiente es también un derecho humano. Es una situación que se tiene que resolver, pues el creciente estrés hídrico planetario no da mucho tiempo. En muchas áreas del planeta el agua ha dejado de ser un bien renovable y el futuro que dibuja la crisis de la covid-19 no es nada halagüeño.

Mientras los ciudadanos confinados de los países desarrollados tienen el suministro universal garantizado, para los 2.100 millones que tienen que proveerse de agua fuera de sus casas esta crisis se añade a las múltiples que les azotan por la falta de recursos y la indefensión en la que suelen vivir. La covid-19 es otra de las muchas enfermedades a las que se enfrentan los que viven alejados del ciclo integral del agua, sin saneamiento, y han visto morir a muchos seres queridos por diarrea, tuberculosis, sida o ébola. Ninguno de ellos puede recurrir al lujo del agua embotellada, como sí pueden la mayoría de habitantes que se benefician del ciclo integral del agua, aunque paradójicamente no lo necesiten.

Según datos de UNICEF, el 11% de la población mundial tiene que desplazarse desde sus hogares a por agua más allá de los 1.000 metros que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reconocer el Derecho Humano al Agua. La OMS también establece que el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos. Este derecho, que es la esencia del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6, se aleja de su consecución con la crisis económica que ya ha estallado a causa de la pandemia.

La campaña #NoWalking4Water que impulsa la Fundación incide directamente en esta lacra que afecta principalmente a las mujeres, niñas y adolescentes de África, Centroamérica y el sur de Asia, las zonas más afectadas por la falta de acceso al agua y al saneamiento. #NoWalking4Water adquiere mayor relevancia con la crisis que está desencadenando la pandemia: el Banco Mundial estima que sólo en África se pierden 40.000 millones de horas al año en buscar agua, horas perdidas para el trabajo, la escuela, el hogar y la comunidad. Es un tiempo malgastado que impide a las mujeres participar en actividades productivas o en la vertebración familiar y social, factores imprescindibles para crear comunidades resilientes a los estragos de la sequías e inundaciones. Por otra parte, las niñas y adolescentes dejan de ir a la escuela creando así un círculo vicioso que ahonda la pobreza y el desequilibrio social.

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, entre 40 y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema (vivir con menos de 1,90 dólares al día) en 2020 a causa de la crisis de la covid-19. Uno de los factores negativos que causarán este incremento de la pobreza es la incertidumbre en la que quedarán sumidos los planes de muchos Gobiernos de los países en vías de desarrollo para implementar el ciclo integral del agua y el saneamiento como servicios universales. Décadas de avance en acceso al agua, en la lucha contra la defecación al aire libre y contra la contaminación de ríos y acuíferos están en peligro de malograrse. Sería una grave pérdida que nos alejaría definitivamente de la consecución de todos los ODS, algo que la humanidad necesita para sobrevivir.