Si un año pierdes las cosechas, pasas hambre, si al año siguiente la sequía se repite, o emigras o mueres; no hacen falta los informes de la FAO para corroborarlo. No es difícil de entender que pocos pequeños agricultores y pastores sumidos en una pobreza ancestral puedan resistir más de dos años de falta de lluvias. Está ocurriendo a nivel global: vivimos una de las peores consecuencias de la crisis climática, pero podemos revertirlas.

En 2016, el sur de India sufrió la peor sequía desde finales del siglo XIX. Más de 330 millones de campesinos (la mitad de la población de Europa) vieron arruinadas sus cosechas y las familias más pobres, acuciadas por las deudas, emigraron a las grandes ciudades. De esto hace unos siete años y en los medios de comunicación se comenzó a emplear un término poco conocido: “desplazados climáticos”, una crisis que azotaba las zonas rurales más pobres del planeta.

No sólo es la sequía la causa de la pobreza. Las inundaciones y la devastación de los huracanes vienen incrementando las últimas décadas el número de los que abandonan sus tierras; según ACNUR, desde 2008 más de 318 millones de personas en el mundo han sido desplazadas por fenómenos naturales, entre los que los climáticos son la gran mayoría; en 2020, más de 30 millones abandonaron sus hogares por estas causas, y es una tendencia que va en aumento. Según el informe Ecological Threat Report 2023 del Institute for Economics & Peace (IEP), una de las instituciones internacionales que siguen de cerca las causas subyacentes a los conflictos humanos, para 2050 pueden haber hasta 1.200 millones de desplazados por sequías e inundaciones.

La tendencia se dibuja desde hace décadas. Especialmente en África y el sur de Asia, las migraciones por pérdida de cosechas y rebaños aumentan. En el Sahel, las sequías han incrementando el desacoplamiento de los sistemas ecológicos iniciado hace décadas por una mala gestión de los recursos: durante los periodos lluviosos, tanto los gobiernos como los propios campesinos incrementaron el pastoreo y la agricultura, lo que causó una sistemática sobreexplotación de la tierra muy por encima de su capacidad media de proveer agua y pasto; por ello, al regresar la sequía las pérdidas fueron mayores y la ruina de los campesinos más abrupta. El número de desplazados internos en el Sahel se estima en más de 2,5 millones, aunque allí los conflictos violentos se añaden a los impactos del clima haciendo difícil diferenciar ambas causas.

También la crisis climática está asolando el Cuerno de África. ACNUR calculaba el pasado diciembre que, en 2022, la cifra de desplazados internos en Somalia rondaba los 857.000. Las últimas noticias de 2023 confirman la tendencia al alza: los cálculos de la OMS muestran que de enero a junio murieron en el país más de 25.000 personas a causa de la falta de alimentos, y se estima que las lluvias torrenciales, que se prevén hasta este diciembre, hagan aumentar la cifra a 35.000. En la actualidad, miles de familias caminan varios días para alcanzar los campos de refugiados en busca de ayuda. En ciudades, como Baidoa, en el sur más húmedo y verde, se levantan hasta 500 campamentos de acogida.

Desde 1985, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente utiliza el término “desplazado climático” para referirse a “una persona obligada a abandonar su hábitat debido a una alteración medioambiental que pone en riesgo su vida o altera gravemente su economía familiar”. Sin embargo, ha sido un concepto muy poco utilizado hasta hace un par de décadas, lo que desvela otra injusticia: la falta de un marco legal protector. Lo señaló Carmen Parra, directora de la Cátedra UNESCO en Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural, en la mesa redonda Saneamiento en conflicto que celebramos en el pasado Día Mundial del Saneamiento: “No existe el clima como un motivo para solicitar acogida en base al Estatuto de Refugiados adoptado internacionalmente. Los refugiados climáticos no existen en el derecho internacional”.

Los campos de refugiados se siguen llenado de personas que precisan nuevos canales de gestión humanitaria y acciones gubernamentales específicas como las que están al alcance de los refugiados políticos o de los que huyen de la violencia explícita, que sí se pueden acoger a leyes refrendadas por las Naciones Unidas o por entidades como la Unión Europea.  

De este modo, los que huyen de la miseria de la tierra seca o inundada se encuentran en el limbo de los refugiados. Urge que el mundo reconozca una situación que debe ser considerada como prioritaria en la próxima COP 28 de este diciembre en Dubái.

Una característica que diferencia a los desplazados climáticos respecto al resto de migrantes es la alta probabilidad de que estos ya no retornen a sus hogares. Los daños medioambientales que se están dando últimamente son irreversibles a medio plazo y destruyen el modus vivendi de los que vivían directamente de la tierra. Ya no existen las bases esenciales de la supervivencia: sin agua en los acuíferos, con el manto vegetal degradado o con las infraestructuras de suministro, como pozos y acequias, destruidas por una inundación, el pequeño campesino se ve impotente para rehacer su vida.

Por otra parte, muchos de los que eran propietarios han perdido sus tierras acuciados por las deudas: ya no hay donde volver, y la ayuda financiera rehúye a los agricultores y pastores arruinados de las regiones abandonadas sin protección legal.

La alternativa a los campos de acogida, es la gran ciudad. La mayoría de los desplazados internos (los que permanecen en su país, que son mayoría) acaban hacinados en tugurios degradados. Otros no pueden resistir la falta de esperanza y se quitan la vida. Según informa la Fundación Vicente Ferrer, en India los desastres climáticos de las últimas tres décadas, han llevado al suicidio a unos 300.000 campesinos acuciados por las deudas y el hambre.

El futuro de las ciudades es el futuro de la humanidad. Las previsiones de crecimiento demográfico de las Naciones Unidas, auguran que hacia 2035 el 80% de la población del planeta vivirá en ciudades. Si seguimos a este ritmo, en 2050, la población urbana habrá aumentado en 2.800 millones. Además, la práctica totalidad de esta expansión se producirá en países en desarrollo, donde se acumulan los habitantes de estos asentamientos informales que acumulan las peores condiciones para una vida salubre y digna: sin acceso o con acceso limitado al agua, al saneamiento, la electricidad o la gestión de residuos.

Los desplazados climáticos son una variable que cada vez pesa más en el equilibrio demográfico del planeta. Las previsiones que el IPCC nos proporciona sobre el cambio climático apuntan a un aumento de estas emergencias humanitarias que deben ser prioritarias en todas las agendas internacionales.

Actualmente hay más de 733 millones de personas que viven en zonas de alto estrés hídrico. Descartar la remisión a corto plazo del cambio climático, no debe ser excusa para redoblar esfuerzos de mitigación, combinados con los de adaptación. Hay muchas iniciativas prometedoras, como la Gran Muralla Verde que la Unión Africana, está apoyando para revertir la desertificación del Sahel, o los planes para fomentar la agricultura regenerativa, la eficiencia del riego y la recuperación de acuíferos que tanto la FAO como el Banco Mundial fomentan en las regiones más estresadas.

Estas soluciones funcionan y abren un camino por el que debemos avanzar. Nuestra experiencia lo corrobora: desde la construcción de pequeños embalses y la implementación de sistemas de riego por goteo en India, a la formación en gestión del agua subterránea en África, la regeneración de la tierra degradada por la sequía es lenta pero efectiva si la comunidad lidera los proyectos. Lo mismo ocurre con la recuperación de las prácticas de cultivo ancestral: tanto en los bosques húmedos de Nicaragua y Honduras , como en las riberas semiáridas del lago Titicaca en Bolivia y Perú, hemos comprobado que la recuperación de la memoria colectiva aporta resiliencia a la comunidad y es la mejor herramienta para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

Hay soluciones para recuperar la tierra que ha expulsado a los que se alimentaban de ella. La gobernanza que se destile de la próxima COP 28 debe obligar a que la ayuda financiera fluya hacia el empoderamiento de los pequeños campesinos, un factor decisivo para equilibrar la balanza demográfica y hacer justicia.