¿Cómo evaluar el resultado de la COP27? Si atendemos a los esfuerzos de mitigación, para la mayoría de observadores la conferencia ha sido decepcionante. No hay novedades: desde la COP1 de Berlín de 1995 hemos organizado 27 conferencias y aún no hemos logrado un consenso efectivo en la reducción de gases de efecto invernadero. Es evidente el poco poder decisorio que tienen los gobiernos frente a la presión de la industria de los combustibles fósiles, cuyos lobistas aumentaron su presencia en Sharm El Sheik respecto a la la COP26 de Glasgow. De todos modos, el desengaño estaba ya anunciado después de que tres de los mayores países contaminantes como Rusia, China e India no enviaron altos representantes a la conferencia.

Lo que más preocupa a la comunidad científica es que, desde 2018, cuando el IPCC publicó su Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 1.5°C, no se haya avanzado de forma tangible para frenar el calentamiento. Sobre todo después de que las predicciones nefastas de los sucesivos informes del panel de expertos (el AR5 y el AR6) se han ido confirmando año tras año.

Ya antes de la COP27, los científicos habían dejado claro que los compromisos de reducción de emisiones de los países eran insuficientes para rebajarlas un 43 % de aquí a 2030 frente a su nivel de 2019, ni para lograr la descarbonización total en 2050.

Frenar el calentamiento en los 1,5ºC es un objetivo que queda cada vez más lejos. Al menos, en Sharm El Sheik, las Partes han reconocido que esta meta exige una acción acelerada a corto plazo, y han reiterado el llamamiento del Pacto por el Clima de Glasgow para que, antes de acabar 2023, las contribuciones determinadas por cada estado se actualicen para ajustarse al objetivo de temperatura del Acuerdo de París.

Para la Unión Europea, uno de los organismos que más ha abogado por un acuerdo efectivo sobre la reducción de gases, esto es insuficiente. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que ha dirigido las negociaciones en nombre de la UE, declaró en la sesión de clausura de la conferencia: “No se han aportado suficientes esfuerzos añadidos por parte de los principales emisores para aumentar y acelerar sus recortes de gases. No tenemos un mayor grado de confianza en que alcanzaremos los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y en Glasgow el año pasado”. Por su parte, Ursula von der Leyen corroboró las palabras de su vicepresidente: “La COP27 ha confirmado que el mundo no retrocederá respecto del Acuerdo de París y ello constituye un paso importante hacia la justicia climática. Sin embargo, la ciencia afirma claramente que hace falta mucho más para mantener la habitabilidad del planeta”.

Frente al estancamiento en mitigación, los esfuerzos de las partes para llegar a un acuerdo sobre “pérdidas y daños”, era, por lo menos, una oportunidad para afrontar una realidad hiriente para la filosofía de los ODS: los que menos contribuyen al cambio climático son los que sufren sus peores consecuencias. Es una injusticia admitida unánimemente por todos los países de la ONU que, sin embargo, han tenido siempre serias divergencias sobre cómo repararla, pese a que los más perjudicados llevaban más de tres décadas solicitándola.

El acuerdo se consiguió in extremis. Estuvo a punto de fracasar, pero finalmente se logró lo que significa un hito en la política climática global: el reconocimiento explícito de que las naciones más ricas son responsables ante el mundo más pobre por el daño causado por el cambio climático.

Sin embargo, lo más importante permanece aún difuso: ¿Quién paga qué y cómo? Son tres preguntas todavía sin respuestas concretas. Todo ello se tendrá que negociar con el sistema de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), gestionada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial desde 1995, y muchos analistas son pesimistas acerca de la agilidad de este organismo para alcanzar resultados a corto plazo.

Según los científicos y los ambientalistas, el acuerdo sobre pérdidas y daños, aunque necesario, ha maquillado el fracaso de no lograr avances en mitigación. Pese a no mostrarse satisfecho, António Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas ha señalado la buena noticia que supone el avance en multilateralidad: “Claramente esto no será suficiente, pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota”.

Una buena noticia en Sharm El Sheik ha sido el protagonismo que ha ganado el agua. La gestión de los recursos hídricos no había ocupado un lugar esencial hasta ahora en las COP, centradas principalmente en la emisión de gases, a pesar de que el agua es esencial para el avance hacia todos los ODS. En la anterior COP26 de Glasgow, por primera vez se abrió un pabellón específico para el agua, y esta iniciativa se ha reforzado en la COP27, principalmente debido a que Egipto, como país anfitrión, la ha impulsado de forma especial gracias a las prerrogativas que la daba su presidencia. Por ejemplo, se incluyó la “seguridad hídrica” como elemento esencial de los temas a tratar, una temática que sorprende no se hubiera incluido antes.

Por otra parte, se presentó la alentadora Iniciativa de Acción para la Adaptación y Resiliencia del Agua (AWARE). Su objetivo es colocar los sistemas de gestión hídrica en el núcleo de la agenda de adaptación al cambio climático. La iniciativa impulsará la cooperación inclusiva y asociaciones para que los sistemas de alerta temprana y ante sequías e inundaciones sean eficaces. Su objetivo es ofrecer soluciones de adaptación de transición con una visión global, comenzando con las comunidades y ecosistemas más vulnerables en África.

En este sentido, y por lo que respecta a la prevención de desastres meteorológicos extremos, la conferencia dedicó una sesión para debatir sobre la implementación de la Iniciativa de Alerta Temprana Global presentada por las Naciones Unidas. Se trata de un plan redactado por la Organización Meteorológica Mundial que cuenta con el apoyo de cincuenta países; tiene como objetivo proteger a la totalidad de habitantes de la Tierra mediante la instalación de sistemas que emitan advertencias anticipadas a los fenómenos extremos peligrosos.

La próxima COP28 será en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EUA), país cuya delegación en Sharm El Sheik ha sido la mayor (1.073 delegados), incluyendo 70 lobistas de la industria del petróleo y el gas. La economía de EAU está estructurada en torno a los hidrocarburos; son el octavo productor de petróleo del mundo en términos absolutos y el segundo mayor per cápita, pero se da la paradoja de que es uno de los países que más está invirtiendo en energías renovables. Los más críticos denuncian un greenwashing a nivel de estado, pero muchos señalan que puede significar algo positivo porque no es realista plantear una transición acelerada y constante a las “cero emisiones” sin tener en cuenta la dependencia económica global de los combustibles fósiles. Estamos viviendo actualmente un ejemplo de ello: la propia UE, que aboga por la reducción drástica de gases, cede ante el aumento del precio del gas debido a la guerra de Ucrania y aumenta el consumo de carbón. La corriente realista sostiene que lo que necesitamos son buenos modelos de diversificación, y EAU puede ofrecerlos.

Mientras, es fundamental que en 2023 el acuerdo sobre “pérdidas y daños” se concrete y sirva de ayuda real para las comunidades que están bajo la peor amenaza climática. No podemos llegar a la COP28 sin los mecanismos de ayuda adaptativa en marcha.