El pasado 20 de abril, según el Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins, en India se contabilizaban 17.615 casos de COVID-19 y 559 muertes por esta causa; aunque estas cifras son poco relevantes por la falta de tests de diagnóstico. Es un problema que se ha dado en muchos países y que en India ha sido más evidente: en esa fecha, según el Consejo de Investigación Médica de India (ICMR, en inglés), las pruebas realizadas no sobrepasaban las 10 por cada millón de habitantes, una de las tasas más bajas en todo el mundo. El Gobierno ha pedido 700.000 kits destinados a realizar diagnósticos en las zonas con más riesgo de contagio; las que más preocupan son las rurales que, desde que estalló la pandemia, han recibido un flujo descontrolado de migrantes provenientes de las ciudades.

India vive una paradoja similar a la de muchos países en vías de desarrollo, cuya emergencia económica ha conllevado un despoblamiento de las zonas agrícolas en favor de las ciudades. Estos experimentan ahora el fenómeno inverso: muchos de los que ahora retornan son los que huyeron de la pobreza rural y acabaron hacinados en tugurios sin las mínimas condiciones para una vida digna. Entre ellos, por ejemplo, hay descendientes de los que, a causa de la terrible sequía de 1984 – 1986, quedaron arruinados y malvendieron sus tierras acuciados por las deudas. Ahora, el confinamiento ha detenido drásticamente las actividades de pequeños trabajadores autónomos, como vendedores ambulantes, artesanos y servidores públicos, incluyendo a los scavengers, los recolectores de residuos en los basureros, quienes han visto desaparecer de un día para otro su ya precario modo de subsistencia. Muchos iniciaron el retorno a las tierras donde tienen familiares, la mayoría de los cuales son pobres o bordean el umbral de pobreza.

El hacinamiento masivo de los migrantes en trenes supuso un riesgo evidente de expansión de la enfermedad a las zonas agrícolas, las de peor cobertura médica del país, y en donde vive más del 60% (750 millones) de sus habitantes. Muchos de los viajeros quedaron atrapados en su desplazamiento y los que llegaron se añadieron a campesinos que, tras la estación seca y a la espera del inicio del monzón, (mayo-junio) tenían ya su seguridad alimentaria y el acceso al agua comprometidos. Otros, ante la cancelación de los viajes en tren o autobús han iniciado su diáspora hacia pueblos y aldeas a pie, contraviniendo el confinamiento y aumentando el riesgo de contagio.

El coronavirus azota a un país que cada dos o tres años sufre epidemias lacerantes como las de la diarrea, que mata anualmente a más de 10.000 niños. Tanto la diarrea, como la malaria o el dengue, en gran parte se podrían combatir eficazmente con una buena higiene, el consumo de agua potable y el uso de sistemas de saneamiento adecuado. Aunque la mortandad infantil y materna han decrecido los últimos años, los muertos por afecciones médicas curables son una constante en India y alejan al país de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

La falta de acceso al agua y sobre todo al saneamiento son los principales escollos. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que tan sólo el 39 % de los habitantes de la India rural tienen acceso a instalaciones de saneamiento, y que de los 946 millones de personas en el mundo que defecaban al aire libre, 564 millones viven en India, el 61% de ellas de áreas rurales. Esta práctica insalubre perjudica principalmente a las mujeres de las zonas más pobres, como las de las aldeas del distrito de Anantapur, donde la Fundación We Are Water colabora en proyectos de acceso a agua y saneamiento con la Fundación Vicente Ferrer. Allí es habitual que las mujeres tengan que recorrer hasta un kilómetro a oscuras, a horas de madrugada, para alcanzar descampados en los que satisfacer sus necesidades.

El Gobierno se propuso solucionar esta endémica falta de saneamiento con la misión Swachh Bharat (India Limpia), que tiene el objetivo de detener la defecación al aire libre y promover la salubridad en todo el país. El programa, que está en pleno inicio de su segunda fase, está en relación con el Plan Insignia de Protección Sanitaria (PMJAY, en hindi), lanzado en 2018, que pretende dar cobertura médica al 40% de la población (500 millones de personas) y llegar a 100 millones de los hogares más vulnerables. Apodado Modicare, en referencia al nombre del Primer Ministro (Narendra Modi), el plan tiene como objetivo aumentar en un 15% la inversión en el sector sanitario, y fue anunciado por el Gobierno como el programa de salud pública mayor del mundo.

La COVID-19 somete al Modicare a una presión inesperada y alarmante. Según la OMS, en el momento de estallar la emergencia a principios de marzo, el país disponía de un médico por cada 10.000 habitantes, un hospital público por cada 55.000 y una cama de aislamiento por cada 84.000. Con una inversión de 267 dólares por habitante en salud, las deficiencias de la sanidad pública india han incrementado la preponderancia de la sanidad privada: en la actualidad, el 63% del gasto sanitario corre a cargo de las familias. Según el grupo por la defensa de la sanidad universal, Jan Arogya Abhiyan, una consulta privada cuesta de media unos 11,5 euros, lo que deja fuera de cobertura a los millones de habitantes del país que no pueden sufragar este gasto.

Con un déficit de 600.000 médicos y dos millones de enfermeras, el Gobierno asegura que duplicará este gasto en cinco años, pero las necesidades de la pandemia son inmediatas. Esta presión se traslada especialmente a las zonas rurales donde falta un 70% de los recursos sanitarios. Allí, uno de los hospitales de la Fundación Vicente Ferrer, el de Bathalapalli, ha sido declarado por la administración del estado de Andhra Pradesh como centro de referencia para pacientes con COVID-19. El Gobierno reforzará la plantilla de personal médico y sanitario, tanto para el hospital como para el laboratorio, con el fin de realizar tests a los pacientes y procesarlos en el mismo centro. Desde que se originó la pandemia, el hospital fabrica geles desinfectantes, y mujeres con algún tipo de discapacidad elaboran mascarillas. En el hospital se está habilitando un pabellón de aislamiento y la Fundación ha ofrecido otras infraestructuras, ahora vacías como consecuencia del confinamiento, como escuelas u oficinas para su uso sanitario.

Poco después de decretar el confinamiento, el Gobierno destinó más de 20.000 millones de euros en ayudas a los más necesitados y un plan de seguros de más de 60.500 euros para cada profesional sanitario. El plan, ambicioso y necesario, tiene en la corrupción y en la estructura de castas de la sociedad india sus principales cortapisas, que deben erradicarse. La prensa india ha denunciado en varias ocasiones el desvío fraudulento de muchas de las ayudas previstas en el Modicare, y el sistema sanitario, que como en otros sectores, tiende a beneficiar a las clases y castas superiores en detrimento de las inferiores.

En este contexto, falla también la comunicación. La imprescindible información sobre la naturaleza de la enfermedad y la dinámica del contagio tiene que llegar a estratos sociales en los que la práctica de la defecación al aire libre es todavía habitual, y la higiene íntima femenina un tabú. Es una realidad que muestra la gravedad del problema, y el extraordinario reto humanitario al que se enfrenta la democracia más poblada del planeta.