Décadas de conflictos bélicos, el extractivismo desbordado de sus recursos naturales y la sucesión de gobiernos ineficaces en la erradicación del comercio ilegal de su enorme riqueza en minerales (diamantes, bauxita, platino, rutilo y hierro), son la causa de que Sierra Leona sea el séptimo país más pobre del mundo. El pequeño país del oeste subsahariano es de los que presenta también los más altos índices de desigualdad en la distribución de la renta.

En el acceso al agua se da una paradoja exasperante: con más de 26.000 m3 de agua por habitante y año, el país está entre los de mayores recursos hídricos del mundo, pero es uno de los que presenta peores cifras de acceso. En 2020, según el JMP, más de un millón de habitantes de las zonas rurales del país (el 23 % de la población) se abastecían de una fuente no mejorada, y unas 860.000 tenían en las aguas superficiales (ríos, lagos y charcas) su única posibilidad de suministro.

La falta de saneamiento es otra de las lacras que lastran el desarrollo y contribuyen al desequilibrio social del país. Más de 1,2 millones de habitantes de pueblos y aldeas rurales defecan al aire libre y casi 1,8 millones no tienen donde lavarse las manos.

En este contexto, la pobreza endémica que sufren los campesinos genera una presión migratoria hacia las ciudades constante y los tugurios siguen creciendo. Este drama, característico en la mayor parte de las grandes ciudades del mundo pobre, se hace especialmente ostensible en la capital Freetown. En barrios marginales, como el de Mount Aureol, malviven con indignidad miles de personas; como Kadija A. Bangura, una niña de siete años tiene que ir cada día a por agua atravesando un sendero repleto de inmundicias hasta un pozo, cargar el bidón sobre su cabeza, y regresar a tiempo a la escuela, cosa que muchas veces no consigue. El micro documental Far Away, uno de los finalistas del We Art Water Film Festival 4, muestra la rutina diaria de millones de niñas que, como Kadija, tienen la tarea de ir a buscar agua para su familia.

En estos tugurios, el 85 % de las edificaciones son chabolas no registradas, construidas a base de deforestar zonas protegidas y carentes de cualquier tipo de servicios de agua, saneamiento y electricidad. Se levantan muchas veces en zonas expuestas a las escorrentías debidas a las frecuentes tormentas que se desencadenan en el país. En el distrito Regent de Freetown, todos recuerdan el 14 de agosto de 2017, cuando después de tres días de lluvias torrenciales, las inundaciones y los corrimientos de tierras se llevaron la vida de más de 1.000 personas y dejaron sin hogar a más de 3.000 de los habitantes de las chabolas situadas bajo la ladera de la montaña Sugar Loaf. El desastre desveló al mundo la degradación de los barrios marginales de la ciudad.

Han pasado más de cinco años y poco ha mejorado la situación, pues en cada estación de lluvias siguen llegando noticias de muertos por corrimiento de tierra en los barrios más degradados de las ciudades sierraleonesas.

La degradación de la educación es un factor que retroalimenta la pobreza rural y engrosa los barrios marginales; forma parte de un círculo vicioso que tiene que cortarse. La falta de agua y saneamiento en las escuelas rurales de Sierra Leona es dramática. Incluso el JMP tiene dificultades para la obtención de datos, lo que es síntoma del abandono administrativo en el que viven sus habitantes. Se estima que más del 50% de las escuelas de todo el país no disponen de servicio de agua potable, esto alcanza a casi 1,7 millones de escolares, quienes no pueden beber ni lavarse las manos en sus centros.

Respecto al saneamiento e higiene, las cifras corren lógicamente paralelas a la falta de agua: más del 36 % de las escuelas no tienen ningún servicio de letrinas, lo que significa que alrededor de 1,2 millones de niños y niñas en edad escolar tienen que salir al exterior para hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre.

Las estadísticas del JMP no especifican si el más de millón de escolares que disponen de instalaciones de saneamiento limitado en sus centros lo tienen separados por sexos, de forma segura; sin embargo, los informes provenientes de las ONG que trabajan en el país aseguran que la inmensa mayoría de las niñas y adolescentes no tienen privacidad en el uso de las letrinas. En este contexto no es de extrañar que el país presente también uno de los más altos índices de abandono escolar del mundo.

En las regiones sur y este del país, en los distritos de Bo, Pujehun, Bonthe y Kono, estamos colaborando con World Vision en un proyecto para asegurar el acceso al agua, saneamiento e higiene en 10 escuelas. Además de los más de 6.000 escolares y profesores, se beneficiarán unas 36.000 personas de sus comunidades, principalmente sus familiares.

En estos distritos, la disentería, cólera y otras enfermedades debidas al mal estado del agua y a la falta de higiene son endémicas entre la población infantil. La situación ha empeorado tras la pandemia de la covid-19, haciéndose más evidente la urgencia de proveer de adecuadas instalaciones a los centros escolares. Las niñas y las adolescentes son siempre las más perjudicadas, pues a la falta de higiene se les añade la imposibilidad de utilizar instalaciones privadas y salubres durante su menstruación. Las consecuencias son un incremento del absentismo escolar y, en muchos casos, el abandono del proceso educativo de las menores, lo que ahonda la brecha de la desigualdad de género, otra de las lacras que impiden el desarrollo social y económico de sus comunidades.

En este proyecto, incidimos en la importancia de asegurar la sostenibilidad mediante la creación de clubes de salud en cada centro que tienen la finalidad de trasladar a los propios alumnos la responsabilidad del cuidado de las instalaciones y la gestión de los residuos. Estos clubes son la base de la capacitación de los jóvenes para practicar la higiene y transmitir los conocimientos adquiridos a sus familias. Esta formación de los alumnos ha sido una experiencia de éxito en los 23 proyectos, en 12 países, en los que hemos actuado directamente en escuelas: más de 200.000 alumnos y sus profesores disponen de acceso a la higiene total en sus centros y se han convertido ellos mismos en agentes educativos en sus comunidades.

Asegurar la educación en las zonas rurales es la base para proporcionar perspectivas de futuro a la comunidad. Si los jóvenes están capacitados podrán revertir su empobrecimiento y avanzar hacia el reequilibrio territorial, condiciones imprescindibles para frenar el nefasto éxodo a las ciudades. Sin agua y saneamiento no es posible construir un sistema educativo capaz de afrontar este reto que, además de económico, es ético para cualquier cultura en el planeta.