Hasta ahora pocos entendían que el agua es finita. Pero la crisis hídrica se está haciendo global y parece abrir la caja de Pandora: el agua es un recurso sobreexplotado y maltratado, y es terriblemente vulnerable al calentamiento atmosférico; si seguimos así la crisis hídrica global puede ser un factor de imprevisible desestabilización internacional.

Según el último informe del Foro Económico Mundial, las crisis climáticas e hídricas actuales se añaden a la inestabilidad política y están provocando un retroceso preocupante. De 2019 a 2022, el número de personas que se enfrentaron a la inseguridad alimentaria aguda aumentó en 200 millones, el equivalente a los niveles previos a la pandemia.

La ONU asegura que por cada aumento de 1 ºC de la temperatura, los recursos hídricos disminuyen un 20%. Y el uso de agua sigue creciendo en volumen: a nivel mundial lo ha hecho a un 1% anual durante las últimas cuatro décadas y se calcula que mantendrá este ritmo hasta 2050. A este paso, se estima que la demanda de agua dulce superará a la oferta en un 40% en 2030.

El último informe de la UNESCO especifica que este incremento se concentra en particular en los países de rentas medias y bajas, sobre todo en las economías emergentes. Resume lo que se sabe desde hace tiempo: aumenta la escasez hídrica y disminuye la calidad del agua debido a la contaminación.

Según la UNESCO, se dan dos contextos cuyas diferencias requieren enfoques distintos: en los países de rentas bajas, la baja calidad del agua suele ir asociada a un tratamiento insuficiente de las aguas residuales; mientras que las escorrentías agrícolas constituyen el problema más grave en los países de mayor nivel de vida, pues son la principal causa de contaminación química.

Según el Foro Económico Mundial, en 2020, el coste de la inacción frente a estos problemas se estimaba en más de 300.000 millones de USD; mientras que prevenir cuesta cinco veces menos, unos 55.000 millones. Es decir, nos ahorraríamos 245.000 millones si invirtiéramos en prevención climática.

Por otra parte, las previsiones de las pérdidas económicas a causa de eventos climáticos son más que preocupantes. Un estudio elaborado por el Banco Central Europeo (BCE) muestra que en el caso de llegar a un alza de 3 ºC en las temperaturas medias globales, la Unión Europea afrontaría un desembolso adicional del 1,4% del PIB comunitario al año debido a los daños causados, un total de 170.000 millones de euros. Según el BCE, España, el país más seco de la Unión, ya ha asumido pérdidas equivalentes al 5,4% del PIB entre 1980 y 2020, y es la economía europea con la inflación más expuesta al impacto de las olas de calor y las sequías.

Por lo que respecta específicamente al agua, según el Banco Mundial, faltan 85.600 millones de USD anuales adicionales para cumplir con las metas del ODS6 en 2030. Aquí, de nuevo, la inacción sale cara: cada año se pierden 260.000 millones de USD por falta de acceso al agua y al saneamiento, y los cálculos aseguran que cada dólar invertido generaría un retorno de cuatro. Si añadimos los desastres naturales provocados por el clima (sequías e inundaciones), los cálculos del Banco Mundial aseguran que el retorno podría llegar a los 15 USD.

No actuar sale caro, aún así el panorama mundial parece no favorecer la movilización financiera. Lo estamos viendo en la dificultad para lograr tangibilizar los acuerdos sobre pérdidas y daños redactados en la pasada COP 27: cuesta establecer un cálculo y un sistema de financiación justos para los países más perjudicados, que son los que menos han contribuido al calentamiento.

Todos los expertos señalan como fundamental atraer las inversiones privadas para promover su asociación con las públicas. Existe un amplio y bien definido abanico de necesidades: la construcción y operación de infraestructuras, la gestión eficiente del agua y la implementación de tecnologías innovadoras en los sectores de la reutilización, desalación y aprovechamiento de los residuos de la depuración.

Pero el capital no llegará sin la construcción de alianzas que sean eficientes e impulsen la cooperación internacional de una forma sólida, más allá de las interminables declaraciones de intenciones, como ha ocurrido con los 689 acuerdos no vinculantes de la reciente y decepcionante Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Debe generarse confianza en base a colaboraciones estables con donantes bilaterales y multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales.

Sin embargo, la inversión, por sí misma, no garantiza la equidad. En el último informe de la Unesco, está muy claro quiénes deben ser los beneficiaros preferentes: los 2.000 millones de personas que carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y los 3.600 millones que no tienen servicios de saneamiento que garanticen su salud. Es urgente un cambio a favor de la cooperación y las alianzas con base jurídica avalada internacionalmente para que ello sea posible.

El agua es un recurso finito, pero bien gestionado, alcanza para todos. El peligro de que la inversión se movilice sólo en los países más ricos es evidente. Se calcula que en el subsuelo hay unos 23 millones de kilómetros cúbicos. Supera al hielo de los polos y se encuentra a no más de dos kilómetros de profundidad, por lo que no siempre es sencillo acceder a ella. Hace falta tecnología y energía para bombearla.

De nuevo surge la brecha tecnológica y financiera. Los más ricos lo tendrán más fácil y, como son los que más volumen necesitan, la amenaza de esquilmar las reservas, en muchos casos milenarias, es más que evidente.

Otro aspecto que acumula retrasos en la gobernanza es el de la implementación de un precio del agua que, siendo justo, permita el financiamiento interno. Este factor es crucial para la humanidad y fue uno de los temas de debate en la World Majlis | The Price of Water el Día Mundial del Agua de 2022, en la Expo 2020 de Dubái en la que participamos.