“En las comunidades donde el retrete no se usa o no está asociado a su cultura, llegar, instalar cien letrinas e irse, no suele servir para nada. Al poco tiempo nadie las utilizará. Hay que provocar una ruptura cultural, creando programas de educación para que luego las instalaciones sean sostenibles”. En el Día Mundial del Retrete de 2016, Xavier Torras, por entonces director de la Fundación, señalaba un aspecto clave en la sostenibilidad de los proyectos de ayuda en una reunión de expertos en saneamiento e higiene.

Tras más de una década y más de un centenar de proyectos en 31 culturas diferentes, este principio nos ha exigido profundizar en la percepción que las comunidades tienen de sus problemas acceso al agua y saneamiento. El que ayuda debe abandonar la idea de lo que él cree que es lo que conviene a la comunidad ayudada para que las soluciones funcionen. Esta es la base de sostenibilidad: colaborar con las personas en que éstas sean las que definitivamente decidan y construyan sus soluciones. Es lo que siempre señalamos como “apropiación”, un concepto que no debe enfocarse desde una connotación legal sino emocional.

Desde que en 1987 la política noruega Gro Harlem Brundtland introdujera el concepto de “desarrollo sostenible” en un mundo preocupado por un futuro amenazado por la degradación medioambiental, el uso del término “sostenibilidad” ha ido creciendo hasta llegar, últimamente, a inundar el lenguaje. Su uso muchas veces banal y omnipresente en engañosas campañas de greenwashing ha contribuido a desacreditar el sentido original del término, definido por Brundtland: “Algo es sostenible si satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

El acceso al agua y al saneamiento es un escenario en el que la sostenibilidad de cualquier proyecto no admite ambigüedades. Los errores quedan pronto en evidencia: unas letrinas convertidas en trasteros; un acuífero sobreexplotado que se seca; una acequia que se bloquea; una planta de tratamiento abandonada por falta de personal capacitado; un sistema de bombas solares que deja de funcionar al no existir un plan de mantenimiento; o una red de tuberías dañada porque nunca se coordinó su uso con las autoridades locales. Son ejemplos que demuestran que una infraestructura, por sí sola, no garantiza el acceso al agua y al saneamiento a largo plazo.

Garantizar la sostenibilidad es imprescindible para movilizar la inversión a gran escala en acceso al agua y al saneamiento. El Banco Mundial anunció en 2023 que cada año se pierden 260.000 millones de USD por falta de acceso al agua y al saneamiento, y aseguró que cada dólar invertido generaría un retorno de cuatro. Si añadimos los desastres naturales provocados por el clima (sequías e inundaciones), los algunos estudios estiman que el retorno podría llegar a los 15 USD.

Pese a las perspectivas de rentabilidad, nos está costando llegar a acuerdos vinculantes para activar la ayuda financiera. Desde que en la COP 27 de 2022 se redactara el acuerdo sobre pérdidas y daños, la gran pregunta- ¿Quién paga qué y cómo? – que se repitió en la COP28 de Dubái y en la última COP 29, aún no tiene una respuesta clara para los países más perjudicados por el calentamiento global, que son los que menos han contribuido a él.

Las alianzas necesarias, que configuran el enunciado del ODS 17, deben llevar a colaboraciones estables con donantes bilaterales y multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales.

El sector privado, y en especial las empresas del ámbito hídrico, desempeña un papel imprescindible. La mayor parte ya ha incorporado criterios ESG (Environmental, Social and Governance, por sus siglas en inglés) en su gestión y muchas de estas empresas consideran la inversión en proyectos de ayuda como una extensión natural de su compromiso con la sostenibilidad.

Crear un contexto que garantice la sostenibilidad de las intervenciones es imprescindible, y existe un denominador común: la plena participación de las comunidades, tanto en la identificación de los problemas como en el desarrollo y la posterior gestión de las soluciones.

Proyecto tras proyecto, hemos podido comprobar que garantizar la sostenibilidad se resuelve con la plena participación de las personas que reciben la ayuda. En la erradicación de la defecación al aire libre, la aplicación del método Santolic, mediante el cual las comunidades deciden, construyen y mantienen sus propias letrinas, es un buen ejemplo. Los beneficiarios de este método no han dado marcha atrás, sino que han seguido evolucionando desde la base de la salud de sus familias.

El caso de Burkina Faso, donde logramos con UNICEF liberar de la defecación al aire libre a toda la región Sissili, es una muestra clara de la importancia de la participación comunitaria, pero también de que la sostenibilidad requiere la implicación activa de los gobiernos locales y nacionales. La cooperación alcanzada con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agua y Saneamiento burkineses fue clave en este éxito.

Como declaró Ousmane Nacro, Ministro de Agua y Saneamiento, a Carlos Garriga, director de la Fundación: “Necesitamos un seguimiento continuado de estos pueblos con campañas de sensibilización y a través de un nuevo programa que haga saber a estas comunidades que no se las ha abandonado. Tenemos que avanzar y para ello necesitamos colaboradores como la Fundación We Are Water, como UNICEF y otros, pues el problema del saneamiento es transversal y afecta a todos los ministerios”

Sin esta transversalidad no hay sostenibilidad. Proyecto tras proyecto hemos comprobado que los cambios culturales logrados con la educación solo se consolidan cuando cuentan con el apoyo y la implicación de las instituciones gubernamentales.

En el proyecto que hemos iniciado este año en Sierra Leona puede ser considerado como una hoja de ruta para afianzar la sostenibilidad. Desde su inicio, se ha alineado con el objetivo general del Gobierno de mejorar la calidad de la atención en los centros de salud. En su ejecución, los comités de seguimiento, formados por miembros de la comunidad, lideran la planificación e implementación de las intervenciones, colaborando activamente con las autoridades locales de los cacicazgos, el Consejo del Distrito de Kono y el Equipo de Gestión de Salud del Distrito. Estos, a su vez, trabajan en estrecha coordinación con el Ministerio de Recursos Hídricos y Saneamiento, asegurando que todas las acciones se ajusten a las directrices nacionales, especialmente en lo referente a las pruebas de calidad del agua y las regulaciones sanitarias.

La capacitación continua de las comunidades mediante programas educativos garantiza un liderazgo local eficaz. La integración de estas acciones en un tejido social y político participativo refuerza su sostenibilidad a largo plazo. Y esta es, en definitiva, la base para que cualquier incentivo económico perdure y dé frutos más allá de la duración del proyecto inicial. La sostenibilidad es fundamentalmente un trabajo de colaboración.