La COP27 está superando todas las expectativas mediáticas. Nunca hasta ahora una conferencia de las partes había trascendido a la opinión pública y ser tema de conversación informal entre ciudadanos. El contundente discurso de apertura del António Guterres, el Secretario General de la ONU contribuyó a ello: “El tiempo corre, estamos luchando por nuestras vidas y estamos perdiendo. Nos estamos acercando rápidamente a puntos de inflexión que harán irreversible el caos climático. Estamos en una autopista al infierno climático y vamos con el pie en el acelerador. La humanidad tiene una elección: coopera o perecer. Es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo”.

Guterres señaló a EEUU y China como principales responsables para aunar esfuerzos y llegar acuerdos efectivos. Y es ahí donde surge la cuestión clave que debe aclararse en esta conferencia: la demanda de los países en desarrollo de un fondo especial de “pérdidas y daños”, una cuestión que ya se arrastra sin solución desde hace años debido a la resistencia de los países ricos a asumir mayoritariamente su financiación.

“Pérdidas y daños” es un concepto que aún no está claro para las partes de las sucesivas conferencias de los últimos años, especialmente desde que el tema se puso definitivamente sobre la mesa en la COP21 de París en 2014. En general se refiere a los costos que ya se han producido debido a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos, pero también por los de evolución lenta, como el aumento del nivel del mar, el incremento de las temperaturas, la acidificación de los océanos, el retroceso de los glaciares, la salinización de acuíferos, la degradación de la tierra y los bosques, la pérdida de biodiversidad y la desertificación.

La inversión financiera, hasta ahora, se ha focalizado en la reducción de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global; pero muy poco se ha destinado a generar ayuda para que las comunidades puedan adaptarse. La idea de la financiación de pérdidas y daños sería diferente, pues tendría como objetivo compensar los costos que los países no pueden evitar. Es decir, se trata de proteger a los más vulnerables por los daños sufridos por el cambio climático.

El principal escollo es cómo evaluar las pérdidas y los daños. Internacionalmente se pueden calcular las infraestructuras perdidas, así como cosechas y propiedades; pero es más difícil ponerse de acuerdo en conceptos como el capital natural de los ecosistemas, o los bienes culturales. Varios informes barajan cifras superiores a los 525 mil millones de USD anuales, que en 2030 podrían alcanzar los 580 millones.

La polémica surge a la hora de determinar quién paga y quién cobra. Los países pobres más vulnerables y la práctica totalidad de las organizaciones humanitarias argumentan que éticamente deberían ser los países ricos, principales causantes la crisis climática, los que deberían pagar, ya que los más vulnerables, el Sur Global, y los que más daño sufren son los que menos han contribuido a generarla. Según el Banco Mundial, los más pobres emiten de media unas 44 veces menos gases de efecto invernadero que los industrializados, y este debería ser una razón de peso suficiente.

EEUU y la Unión Europea se han venido resistiendo a la creación de un fondo de ayuda argumentando la dificultad de controlar las entradas y salidas de dinero; cuánto debería provenir de los países ricos y qué países o qué daños se determinarían para recibirlo; y argumentan que países como China e India, grandes emisores de gases, se sitúan entre los damnificados por el cambio del clima, lo que no consideran admisible.

En Sharm el Sheik se hace evidente la urgencia de llegar a un acuerdo en este sentido. Acumular más retrasos sería inaceptable y supondría un torpedo en al línea de flotación de la Agenda 2030. Los países en desarrollo han hecho un frente común para exigir inmediatamente la creación del fondo y existen múltiples ideas sobre las mesas de negociación. Una de las que más apoyos está consiguiendo es la propuesta de Antonio Guterres de un impuesto sobre las beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles.

Otra de las cuestiones más urgentes en la conferencia es la articulación de estrategias para la descarbonización de la actividad económica. Carlos Garriga, director de la Fundación We Are Water, participó, entre otros nueve panelistas, en la mesa redonda sobre este tema organizada por la Fundación Privada Empresa y Clima en el pabellón español de la COP27. Se trató del proceso de transformación hacia la reducción de la huella de carbono, de cómo esta depende del desarrollo de soluciones innovadoras y de una infraestructura mejorada para que la mitigación, la adaptación y la financiación de la crisis climática sean eficaces.

Garriga señaló los proyectos de la Fundación que, mejorando el acceso al agua y al saneamiento, logran frenar la migración desde las zonas rurales a las grandes ciudades. Estas consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Puso como ejemplo de adaptación la construcción de pequeños y medianos embalses, que permiten a los campesinos de India no depender de la imprevisibilidad de los monzones, mejorar su autonomía y frenar la desertificación. El director de la Fundación explicó el modelo de co-financiación de los proyectos: “Co-financiamos todos nuestros proyectos, junto con otros colaboradores, porque el esfuerzo de uno solo, por grande o pequeño que sea, lleva directamente al fracaso”; y enfatizó la importancia de la cooperación, la capacitación y el compromiso, por parte todas las entidades se comprometen en cualquier proyecto, para lograr el éxito.

Carlos Garriga también estuvo presente en el debate Innovative Ways of Cooperation, organizado por la UNESCO y UNITAR, el gobierno de Costa Rica, la organización intergubernamental UPACE y la Cátedra UNESCO sobre la Paz de la Universidad Abat Oliba CEU, que estuvo representada por Carmen Parra, titular de la Cátedra UNESCO de Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural. Participaron en el debate el profesor Francisco Rojas, rector de la University for Peace; Alex Mejía, director de la Division for People and Social Inclusion de UNITAR, David Fernández Puyana, embajador y observador permanente de la University for Peace de la Oficina de la Naciones Unidas en Ginebra; y Gustavo Campos Fallas, embajador de Costa Rica en Turquía. El debate fue moderado por Bisher Iman, especialista del Programa – Hidrológico de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO en los Estados Árabes.

Uno de los valores que configuraron el nacimiento de la Fundación We Are Water fue el de la cooperación como factor clave en la consecución de cualquier objetivo solidario. “La cooperación que buscamos es aquella que nos permita trabajar con diferentes organismos Internacionales en lugar de sólo con uno – declaró Garriga – Porque así todos podemos aprender y compartir diversas formas de trabajar, conocer buenas y malas prácticas y crear sinergias para tener la posibilidad de llegar a cualquier lugar en el mundo para desarrollar cualquier proyecto”.

La cooperación implica a todas las entidades, desde los gobiernos nacionales a los gobiernos locales. “Hay que hacerlo con una estrategia clara, con sinergias amplias y generales, con fondos” declaró Garriga, quien puso como ejemplo nuestra experiencia en Burkina Faso: “El gobierno nacional quería firmemente declarar la provincia central de Sissili, Libre de Defecación al Aire Libre en cinco años. Y lo lograron. ¿Cómo? Con cooperación; poniendo en la misma mesa al Ministerio de Agua y Saneamiento, al gobierno local, a algunas entidades locales, a una organización internacional como Unicef, y una entidad privada, la Fundación We Are Water. Nuestro papel allí fue aportar una experiencia muy concreta en este campo, después de haber desarrollado y visitado decenas de proyectos de saneamiento en todo el mundo”.

También la cooperación implica a todos los sectores de la actividad económica para la consecución de soluciones tangibles y efectivas a los problemas del agua y saneamiento; y sobretodo necesita a las mujeres, que son las que más sufren por su causa, y a las escuelas, que constituyen la base de la transmisión del conocimiento a la sociedad.

Entre todos los objetivos de la COP27, es fundamental que nazca un nuevo espíritu de cooperación en el mundo. Debemos llegar a acuerdos y debemos cumplirlos. Una nueva forma de afrontar los problemas desde el conocimiento de que todos compartimos el mismo entorno, desde la convicción de que si uno pierde todos perdemos.