En España hay alrededor de 18 millones de hogares con contrato de suministro de agua. En 2015 se realizaron un total de 500.000 avisos de corte por impago, de los cuales se llegaron a ejecutar unos 300.000. De éstos, unos 234.000, vuelven a tener agua tras el pago de las cantidades adeudadas, y 36.000 domicilios logran recuperarla tras acudir a mecanismos de acción social. Son datos deducidos del XIV Estudio de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2016 de AEAS–AGA y de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS).

Pese a que en España el 90% de los municipios posee mecanismos de acción social, desgraciadamente el desahucio hídrico sigue siendo mayoritariamente invisible y ha habido hasta ahora poca voluntad política para solucionarlo. Es un tema complejo pues está relacionado con disputas de competencias entre administraciones y el conflicto entre la gestión privada, pública y mixta del agua.

La asequibilidad del agua está especificada por la ONU como un derecho humano: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico”. Pero parece ser que aún estamos lejos de alcanzarlo: aunque nos cueste creerlo, según AEOPAS, en Europa un millón de personas no tienen acceso al agua potable y ocho millones carecen del servicio de saneamiento.

En el informe presentado en enero de 2016 por AEAS y AGA, junto con ECODES, “Sostenibilidad social en el sector del agua: situación y recomendaciones” podéis ver cómo son los mecanismos de ayuda social existentes en el sector del agua y unas recomendaciones que puedan servir de guía a los ayuntamientos y administraciones competentes para que, llegado el caso, las puedan poner en práctica para erradicar la lacra del desahucio hídrico.