La mañana del 12 de octubre, los habitantes ribereños del norte del mar Menor, la albufera salada mayor de Europa, se despertaron con un paisaje de pesadilla: miles de peces muertos o moribundos yacían en la playa y flotaban en la orilla. Las aguas de la tranquila laguna, de 17.000 hectáreas de superficie, se habían vuelto letales y la fauna marina que trataba de sobrevivir se agolpaba en el extremo norte de la laguna. El dantesco espectáculo se daba en apenas 200 hectáreas frente a la reserva natural de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

En dos días se recogieron de las playas más de tres toneladas malolientes de peces y todo tipo de crustáceos. Los análisis confirmaron que habían muerto por anoxia (falta de oxígeno) y varias prospecciones confirmaron que una cantidad incalculable de ellos se había ido al fondo. Las aguas del mar Menor se habían convertido en un ecosistema “clínicamente” moribundo, y muchos ecólogos calificaron el desastre como la peor catástrofe medioambiental de Europa. Muchos sabían que la agonía se había iniciado bastantes años atrás.

Hacía apenas un mes que la población de la zona, junto con la del resto de Murcia y el sur de Alicante había sufrido una de los peores episodios de DANA (gota fría) de las últimas décadas. El 12 y 13 de septiembre, en el sudeste español, entre Murcia y Alicante, se registraron en muchos puntos precipitaciones de más de 450 litros por metro cuadrado en 48 horas. Las inundaciones fueron muy violentas, causaron ocho muertos y más de 700 personas tuvieron que ser rescatadas.

Prácticamente todas las rieras y desagües del Campo de Cartagena, la comarca que abarca el mar Menor, desembocan en la albufera. Según el Instituto Español de Oceanografía (IEO), la DANA descargó 60 hectómetros cúbicos de agua que generaron unas 100.000 toneladas de arrastres hacia el mar Menor. Estas aguas dulces, además de tierra, contenían entre 500 y 1.000 toneladas de nitratos, más de 100 de fosfato y 35 de amonio, y metales pesados provenientes de antiguas explotaciones mineras abandonadas, un cóctel contaminante que inmediatamente fue considerado como el principal causante de la mortandad de peces.

Como ocurre con frecuencia en los desastres naturales, el fenómeno en sí mismo encabeza la lista de culpables directos de los daños en las explicaciones oficiales. Estas pasan algunas veces de puntillas sobre los errores que han generado la exposición y vulnerabilidad de personas y ecosistemas ante la violencia de la naturaleza. El desastre del mar Menor es un ejemplo de ello.

Los pescadores del mar Menor sabían muy bien que en las inundaciones de 1987 se acumuló un tercio más de lluvia en las riadas y no hubo mortandad masiva de peces. ¿Por qué esta vez sí?. A los pocos días, la ciencia demostró que las riadas fueron el desencadenante de una catástrofe que se había gestado durante décadas, y de la que los científicos y ecologistas llevaban tiempo advirtiendo.

Cuando las aguas del mar Menor recibieron esta avenida contaminante estaban ya en un avanzado estado de eutrofización, un proceso por el que los nitratos y fosfatos, provenientes principalmente de los fertilizantes y aguas residuales, abonan las algas y el fitoplancton, que se reproducen de forma descontrolada. Esto desequilibra el entorno e impide que la luz llegue al fondo, lo que inhibe la fotosíntesis de la pradera marina que acaba muriendo. El color verdoso que suelen adquirir las aguas excesivamente eutrofizadas se conoce popularmente como “sopa verde”.

Al ser menos densa que el agua salada, el agua dulce de las riadas permaneció en una capa estratificada en la superficie, y la materia orgánica del fondo, acumulada por la eutrofización, comenzó a descomponerse provocando anoxia y generando compuestos, como los sulfuros, muy tóxicos. Durante más de tres semanas esta situación permaneció estable y los peces y crustáceos del fondo profundo huyeron hacia la capa superior buscando oxígeno. Pero, el 12 de octubre, el viento de levante sopló con fuerza y arrastró la capa superficial de agua dulce hacia el sur, lo que hizo aflorar la capa de agua sin oxígeno y tóxica del fondo matando todo ser vivo a su paso. La fauna superviviente huyó hacia las aguas poco profundas del norte quedando atrapada contra la playa.

Décadas de errores han gestado el desastre. En 1979, el trasvase Tajo-Segura transformó los cultivos de secano del Campo de Cartagena en regadíos, un proyecto pensado ya en 1933 que se basaba en aprovechar la tierras excepcionalmente fértiles y el alto grado de insolación para desarrollar la horticultura intensiva. La cuenca del Segura se convirtió en pocos años en la “huerta de Europa”, con alta productividad y rentabilidad. La transformación agraria culminó en 2011 con la desaparición de los antiguos los bancales del secano y el cultivo en terrazas, prácticas que contribuían a retener el agua y reducir así la violencia de las avenidas.

También se desarrolló la industria turística que pavimentó grandes extensiones de terreno e incrementó los vertidos sin control de aguas residuales. En 1973, para favorecer la náutica deportiva, se ensanchó de una de las golas de la Manga del Mar Menor, lo que hizo disminuir la temperatura y la salinidad del agua y propició la invasión de especies foráneas provenientes del Mediterráneo. Entre 1986 y 2016, la superficie urbana aumentó en 6.000 hectáreas en el entorno de la albufera, y no fue hasta 1992 que se abordó el saneamiento integral con un acuerdo entre Comunidad Autónoma y Ministerio de Obras Públicas para la construcción de depuradoras y colectores. 

El agua del trasvase no impidió la progresiva sobreexplotación de los acuíferos del Campo de Cartagena. Los pozos ilegales se extendieron fuera de control, y pronto se agotó el agua de las capas freáticas más profundas. La extracción se centró entonces en el acuífero Cuaternario, el más superficial. En esta capa, el agua es abundante, pero con un alto grado de salinidad al estar conectada con el mar Menor. Por esta razón, comenzaron a proliferar también las desaladoras furtivas para aprovechar el agua extraída, lo que supuso el vertido de los residuos de salmuera sin ningún tipo de control. Esas aguas estaban cada vez más cargadas de nitratos por lo que los vertidos de las desaladoras eran altamente contaminantes.

 El episodio de sequía de 1991 hasta 1995 hizo que la Cuenca Hidrográfica del Segura (CHS) autorizara la extracción de agua del Cuaternario para desalarla y usarla para regar. Se inició una situación caótica que el Gobierno central trató de frenar con un Real Decreto para regular las instalaciones de desalación. Las licencias concedidas tenían un plazo de cinco años y la CHS contempló la recolección de los residuos con una red de “salmueroductos” para transportarlos a una planta de tratamiento y evitar que acabasen el mar Menor, reutilizando así el agua. Pero la red se hizo insuficiente para asimilar toda la salmuera que las nuevas desaladoras iban produciendo. Ante ello la CHS no renovó las licencias, pero no se controló a los regantes ni el número de desaladoras operativas.

A partir de ahí la situación acabó fuera de control y la CHS cifró en unos 1.000 los pozos que han estado extrayendo agua sin permiso agua. La entidad reconocía hace poco la existencia de más de 9.500 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Mar Menor, aunque desconocía la cantidad de agua extraída por bombeo.

El equilibrio ecológico del mar Menor comenzó a dar señales claras de degradación a finales de la década de 1990. Los científicos y grupos ecologistas lanzaron varias veces voces de alarma, pero no fue hasta 2016 cuando la opinión pública se hizo cargo de la magnitud del problema. En el verano de ese año, el enorme crecimiento del fitoplancton a causa de la eutrofización generó una visible “sopa verde” que disparó las alarmas. Este episodio motivó la elaboración del proyecto Soluciones para el Objetivo de Vertido Cero al Mar Menor, con la participación de las diversas administraciones, para el Ministerio para la Transición Ecológica.

En 2018, el Gobierno Regional de Murcia aprobó la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor con el objetivo principal de reducir los nitratos en el agua. En verano de ese mismo año, las aguas volvieron a ser temporalmente transparentes lo que generó falsas esperanzas de recuperación que fueron desmentidas por los miembros del Comité Científico del Mar Menor creado por la comunidad autónoma. El tiempo volvió a dar la razón a la ciencia y en agosto de 2019 se hizo evidente una nueva crecida del fitoplancton. La bomba de relojería estaba armada a la espera de otra gran riada. Llegó en menos de un mes.

Lo que ha ocurrido en el mar Menor es un paradigma de la tormenta perfecta que desencadena una catástrofe medioambiental: alteración del suelo, agricultura intensiva a base de fertilizantes y sobreexplotación hídrica, crecimiento urbanístico descontrolado, profusión de extracciones y vertidos ilegales, y gobernanza ineficiente.

La Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia ha abierto una investigación y la sociedad civil reclama responsabilidades a las administraciones ante los incumplimientos de las leyes, y por desoír las reiteradas alarmas lanzadas por la ciencia y la sociedad civil. Desde la Ley de Aguas de 1985, pasando por las normativas en la Directiva Europea 91/676/CEE, como el Real Decreto 261/1996 para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura, parece evidente que en el mar Menor la gobernanza ha estado bajo mínimos.

Recuperar la concienciación y efectividad de una Administración conectada con la realidad y bien articulada con todos los estamentos de la sociedad es el primer paso para el difícil retorno a la vida del mar Menor. La ciencia reclama una revisión de los proyectos y modelos de desarrollo desde la óptica de las soluciones basadas en la naturaleza que, desastre tras desastre, nos está mostrando el alto coste del deterioro medioambiental.