El Salvador sufre una de las peores crisis hídricas de Centroamérica. Según el Programa de Monitoreo Conjunto del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (PCM, también conocido por sus siglas del ingles, JMP), en las zonas rurales, 100.000 salvadoreños, el 5,8 % de la población en 2020, todavía utilizaban las aguas superficiales para abastecerse, y más de 1,6 millones tenían que desplazarse fuera de su domicilio para conseguir agua potable.

El río Lempa, el principal cauce de agua con la que cuenta el país, se encuentra en un proceso acelerado de degradación. La gestión su cuenca es transfronteriza con Honduras y Guatemala y las previsiones del IPCC en su sexto informe (AR6) apuntan que la zona se verá afectada por un incremento de los fenómenos extremos (sequías y huracanes) los próximos años.

Como es habitual, estas crisis se deben a una combinación de factores negativos, y últimamente éstos se han acrecentado en el país. En 2021, El Salvador contaba con una población estimada en más de 6.300.000 habitantes y con la mayor densidad demográfica de todo el continente americano:aproximadamente 311 hab/km². La mala gestión, la sobreexplotación de los acuíferos y las cuencas fluviales, la contaminación y, desde hace unos años, la crisis climática han sido especialmente hirientes en el país. Según ONU Agua, el 80% del territorio de El Salvador se encuentra en una situación de estrés hídrico y más del 60% del agua disponible está contaminada.

Desafortunadamente, en muchas zonas de El Salvador la explotación de los acuíferos y las cuencas por empresas multinacionales – que los campesinos denominan “proyectos de muerte” -, y la falta de respuesta gubernamental han agravado la crisis hídrica y de saneamiento. Esta situación es endémica en muchos países aledaños, paradójicamente ricos en agua, como Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

En el corto Private Waters, Jordan Leibel y Ramiro Laínez, finalistas de la quinta edición del We Art Water Film Festival, narran el proyecto que llevaron a cabo los habitantes de la comunidad salvadoreña de El Rodeo para garantizar el acceso a sus 85 familias, víctimas de una inexistente gestión equitativa del agua.

El ejemplo de El Rodeo es estimulante para el resto de comunidades del país y configura un modelo muy útil para Centroamérica. La necesidad de la distribución del agua está llevando a las comunidades desfavorecidas a trabajar por su soberanía energética, pues la electricidad que llega a las casas es muy cara. La creación de comités que gestionan el transportecon bombas impulsadas con energía solar es un paso importante para garantizar el servicio.

En El Rodeo la energía que impulsa el agua al tanque de distribución proviene de 32 paneles solares. De este modo, las familias consiguen abaratar notablemente los costes para conseguir mensualmente entre 10 y 12 metros cúbicos de agua potable.

Las mujeres son las máximas beneficiadas de la llegada del agua a los hogares. Eran las encargadas de acarrear el agua con tinajas de más de 15 litros en la cabeza y ahora liderarán la gestión y mantenimiento de las instalaciones.

En El Salvador hay mucho que avanzar para lograr la plena y efectiva colaboración público-privada para garantizar el derecho humano del acceso al agua. En el corto Private Water, la recientemente fallecida Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de Salud de El Salvador(FNS), explica las deficiencias de una gobernanza que no tiene en cuenta los principios que rigen el ODS 17, que especifican que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia y asegurarse de que no son cómplices de su vulneración.

La Ley General de Aguas, impulsada por el gobierno salvadoreño, que fue aprobada el pasado diciembre, no ha convencido a los grupos ecologistas, ni a las comunidades regionales, ni al relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento. Las críticas se centran en que la ley priorizael uso comercial del agua y atiende más a las necesidades industriales o de la agricultura intensiva como la de la producción a gran escala de la caña de azúcar, que se da precisamente en zonas en las que las comunidades son más pobres y desnutridas.

La gestión eficiente del agua también es un derecho humano. Esto obliga a un equilibrio entre los sectores públicos y privados en un entorno de justicia social que garantice el mantenimiento del acceso al agua potable, al saneamiento y la seguridad medioambiental de la que depende la supervivencia y la salud de los habitantes de las zonas rurales del mundo.

La recuperación del ciclo natural del agua es fundamental y permite a las comunidades campesinas a empoderarse mediante su gestión. Las culturas ancestrales, que estamos olvidando y en muchos casos destruyendo, respetaban y seguían en sus orígenes el ciclo del agua. Lo hacían en su forma de cultivar, de abrevar a su ganado, de beber y de lavarse. Recuperar esta forma de relacionarnos con entorno es posible y se está mostrando en muchos proyectos como los que hemos llevado a cabo en Bosawas, Nicaragua, y en el lago Titicaca en Bolivia y Perú. En todos ellos, la recuperación del ciclo natural del agua significa la recuperación de la memoria colectiva, un elemento que además de aportar resiliencia a la comunidad, es una herramienta de acción muy efectiva tanto para mitigar el cambio climático como para adaptarse a sus efectos. La gobernanza debe tenerlo muy en cuenta, pues esta cultura es la riqueza de los más necesitados.