¿Cuantas personas viven y trabajan en un territorio inundable? Los fenómenos meteorológicos violentos que recientemente han arrasado diversas regiones del mundo han motivado que esta pregunta esté sobre la mesa de cada vez más gobiernos, compañías de seguros y organizaciones de ayuda internacional. El Banco Mundial estima que 1.470 millones de personas están directamente expuestas a riesgos de inundaciones de más de 0,15 metros de altura por lo menos una vez cada 100 años. De ellos, 587 millones viven en condiciones de pobreza, y esta cifra está aumentando cada año.

El tema entró de lleno en las conversaciones de la COP29 de Bakú y constituye un factor primordial a la hora de evaluar los daños y las compensaciones financieras para los países en vías de desarrollo que son los más vulnerables a estas catástrofes.

A pesar de las altas cifras de riesgo global, la alarma por la proliferación de eventos climáticos extremos suele intensificarse entre la opinión pública cuando los países desarrollados son los afectados. Esto ocurrió en el verano de 2021, cuando la tormenta Bernd inundó extensas zonas de Alemania, causando 165 muertos. Pocas semanas después, el huracán Ida se convirtió en el segundo más intenso y destructivo registrado en Luisiana, Estados Unidos, superado solo por el Katrina en 2005. Las pérdidas económicas alcanzaron al menos 50.100 millones de USD.

Aquel verano, los medios de comunicación internacionales destacaron la coincidencia de las inundaciones con las previsiones apuntadas en los informes del IPCC, que ya habían advertido sobre el incremento de estos fenómenos debido al cambio climático. Sin embargo, los análisis posteriores revelaron que las víctimas y daños se concentraron en áreas urbanizadas topográficamente inundables en el caso de crecidas anómalas de los ríos, y los planes urbanísticos habían ignorado este factor geográfico.

El pasado 29 de octubre, una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) desencadenó lluvias de intensidad excepcional en las cuencas hidrográficas que desembocan en el cinturón sur del área metropolitana de la ciudad Valencia, en España. El sistema satelital Copernicus, mostró que la inundación se extendió por más de 15.633 hectáreas. Murieron más de 220 personas y unas 190.00 se vieron afectadas. Según Datadista, el agua dañó 130.000 viviendas y bloqueó 3.249 km de calles, arrastrando decenas de miles de automóviles. Las pérdidas son las más elevadas por una catástrofe natural de la historia de España y unas de las mayores de Europa.

Aquí también lo más significativo es que la mayor parte de las viviendas se habían construido desde 2003 en zonas que se sabían inundables desde el siglo XVIII.

En la mayor parte de las inundaciones ocurridas en zonas altamente urbanizadas, el asfalto y el hormigón impermeabilizan el suelo, desviando el agua hacia los cauces hidrológicos, que frecuentemente se desbordan. Además, la construcción de carreteras, autopistas y ferrocarriles con sistemas de drenaje insuficientes, mal diseñados o bloqueados por vegetación o residuos actúa como una barrera que agrava las inundaciones.

Otro elemento que intensifica los daños es el crecimiento del parque automovilístico. En Valencia, las impactantes imágenes de coches y camiones arrastrados en masa, obstruyendo calles y pasos subterráneos, dieron la vuelta al mundo en redes sociales, evidenciando que la exposición a las catástrofes pluviales es, en gran medida, de origen antropogénico.

Los daños se agravan por la extrema vulnerabilidad de las poblaciones expuestas. Las regiones más pobres arrastran un riesgo endémico; como las del África Subsahariana, donde 71 millones los habitantes de zonas inundables sufren pobreza extrema. Son desastres recurrentes en los barrios marginales, como el que ocurrió en las laderas de la montaña Sugar Loaf en Freetown, la capital de Sierra Leona, donde se extiende uno de los asentamientos informales mayores del mundo. En 2017, tras tres días de lluvias torrenciales, los deslizamientos de tierra arrasaron las chabolas ubicadas en la ladera, cobrándose la vida de más de 500 personas y dejando a más de 3.000 sin hogar.

Este año ha habido trágicas inundaciones en los barrios marginales de Kibera, Mathare y Mukuruque, que rodean Nairobi, la capital de Kenia, causando 188 muertos y más de 33.000 chabolas destruidas. El agua y los deslizamientos de tierra obligaron a desplazar provisionalmente a casi 200.000 personas.

En el océano Pacífico, los tifones devastan cada año extensas zonas de Filipinas. En 2013, el Haiyan causó la muerte de más de 6,300 personas y desplazó a más de cuatro millones. Los vientos de hasta de 235 Km por hora arrastraron el agua del mar hacia las zonas llanas de la costa, destruyendo las viviendas de más de 4,3 millones de personas en las provincias de Leyte y Samar.

La devastación del Haiyan – donde intervenimos con un proyecto de emergencia – obligó al Gobierno a replantear los factores de riesgo, exposición y vulnerabilidad de la población. Esta ha sido una de las razones por las que los sucesivos tifones, como el Trami, del pasado octubre, hayan causado menos daño del que se podía prever.

Las acciones que se llevaron a cabo en Filipinas pueden considerarse una hoja de ruta universal para combatir este tipo de desastres:

1. Reasentamientos, para llevar a la población fuera de las zonas inundables
2. Construcción de viviendas más sólidas con estudios previos de resiliencia.
3. Restauración de barreras naturales, como la reforestación de riberas y costas.
4. Establecimiento de sistemas meteorológicos e hidrológicos de alerta temprana efectivos y gestionados por responsables políticos competentes. En Filipinas, el PhilAWARE, ha salvado muchas vidas.
5. Formación en la gestión comunitaria de desastres, con el fortalecimiento del liderazgo de las comunidades y programas de capacitación en gestión de riesgos.

Con el cambio climático las inundaciones van en aumento. Los récords locales históricos de precipitación, como el que se dio en la localidad de Turis, en Valencia (771 l/m² en 24 horas) se repetirán en muchas zonas del mundo. La subida del nivel del mar es un hecho que ha contribuido a multiplicar por siete las inundaciones en las zonas costeras del Pacífico en los últimos 10 años. Las alertas del IPCC en su último informe (AR 6) se están cumpliendo e incluso los fenómenos son más violentos de los previstos.

Sin embargo, en el caso de las inundaciones, la negligente gestión del territorio causa más daño. Además de mitigar el cambio climático, estamos obligados a reducir la exposición a los desastres de una población que  aumenta constantemente. En el caso de la subida del nivel del mar, lo modelos climáticos estiman que, para 2050, 340 millones de personas vivirán en zonas bajo riesgo anual de inundación costera, lo que incluye áreas urbanizadas sin infraestructuras adecuadas para protegerlas.

El reto de adaptación es enorme y desmesuradamente costoso para las economías pobres. Es un tema que ha estado presente en las discusiones de la COP 29, pues entra directamente en los planes nacionales de adaptación (NAP) que dependen financieramente de la financiación acordada. Los países ricos destinarán 300.000 millones de dólares al año a partir de 2035. Esperemos que sea suficiente.