En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento, reafirmando que ambos son esenciales para la realización del resto de los derechos. Una de las peculiaridades de este derecho universal es que para hacerse efectivo es precisa una significativa inversión en infraestructuras, tecnología e investigación. Sin ella no se puede tener agua suficiente, aceptable, físicamente accesible y asequible, como reza la resolución de la ONU, que exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países en vías de desarrollo en su camino.

En el contexto sociopolítico, el agua se define como un “bien público”, y por tanto es comprensible que se tienda a pensar que deba ser administrado por entes públicos, ya que éstos pertenecen teóricamente a todos los ciudadanos y su rentabilidad se evalúa en términos sociales más que financieros, como la creación de empleo, la distribución de la riqueza, las oportunidades de formación, etc.

Esta visión, muy enraizada en amplios sectores de la población, tiende en muchos casos a rechazar la participación de la empresa privada en la gestión del agua. Como señaló Sergio Bitar, ex ministro chileno, en una conferencia organizada por la Fundación We Are Water en Barcelona, en cuanto se habla de privatización del suministro muchos se lleven las manos a la cabeza: “¿Cómo puede ser que el acceso al agua, que es un derecho humano esencial, vaya a depender de una empresa privada?” Es una reacción muchas veces alimentada por la demagogia política que impide una reflexión colectiva racional sobre un hecho fundamental: para poder ejercer el derecho humano al agua, la efectividad en la gestión es un requisito necesario para evitar el malgasto y para que las infraestructuras construidas para el suministro y el saneamiento sean rentables y funcionen según lo previsto.

En los recursos hídricos hay que comprender que la eficiencia es un concepto de múltiples facetas. En general significa “hacer más y mejor con menos”; es decir obtener más valor con los recursos disponibles y reducir el consumo de éstos. En el caso del agua es imprescindible además evitar la contaminación y el impacto ambiental en cada etapa de la cadena de valor y, sobre todo, garantizar el suministro en fases críticas.

Aunque en muchos casos las empresas públicas son muy eficientes, las privadas parecen presentar mayor capacidad tecnológica para lograr esta efectividad y desarrollar una política de precios más acorde con los costes reales. A favor de esta idea está el economista Ramón Tamames quien, en una entrevista en iAgua, asegura que “las empresas privadas, sometidas a mucha mayor crítica y competencia en el mercado, pueden prestar un servicio, en general, más conveniente para la ciudadanía”.

Este debate está recorriendo Europa con confrontaciones ideológicas apasionadas, lo que hace olvidar frecuentemente el enfoque práctico que debe prevalecer: lograr el máximo nivel de seguridad hídrica, algo que, frente al cambio climático, es vital en las zonas más amenazadas por la falta de disponibilidad. España es una de ellas.

Pese a que las empresas privadas no pueden enarbolar la exclusividad de la eficiencia, sin embargo tienen la búsqueda de la excelencia tecnológica y la innovación en su ADN competitivo. Esta cualidad se hace más evidente en los casos en los que estas empresas trabajan con una masa crítica de usuarios suficientemente extensa para poder aplicar I+D+i con la adecuada financiación y avanzar en el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para lograr la máxima eficiencia y garantizar el suministro en momentos críticos.

En la salvaguarda de la seguridad hídrica de los ciudadanos y de la efectividad en la gestión, el modelo mixto de concesiones aglutina buena parte de las preferencias de los expertos. En este modelo, el Estado, propietario del agua, cede a las empresas privadas la gestión del servicio en función de criterios de eficacia y de respeto medioambiental. Se equilibra así, idealmente, lo público y lo privado: la primera parte protege los intereses generales y la otra incorpora eficiencia, innovación, tecnología y flexibilidad.

Sin embargo, este modelo presenta dificultades sociopolíticas e hidrológicas que deben resolverse. Sergio Bitar explicó el caso de Chile, país que ha experimentado una transición desde la total privatización de la época de la dictadura pinochetista a un régimen de concesiones: “El agua es un derecho humano que el Estado y la sociedad tienen que garantizar. El Estado entrega este derecho como una concesión renovable y ahí tenemos un debate complejo: ¿Qué condiciones deben ponerse para las concesiones; y qué atribuciones tiene el Estado para priorizar el consumo humano en caso de crisis? Estamos trabajando en ello y no es fácil, pues muchas veces los derechos que se entregan en las concesiones superan el agua disponible”.

Aquí entran en juego factores controvertidos, como el tiempo de explotación que se otorga, que de hecho genera una situación monopolística, y cómo repercutir en la factura del agua los cánones que se cobran. En España, la Ley no obliga a los gobiernos municipales a invertir dicho canon en infraestructuras o mejoras de los servicios de agua y saneamiento, y los recientes episodios de corrupción han intoxicado aún más el debate.

En España, como en muchas partes del mundo, el precio del agua es el elemento más visible de esta polémica. En la actualidad, según datos de AEAS, las tarifas actuales no cubren los costes y en muchos casos sólo alcanzan para los gastos operativos. Sin embargo, la factura del agua en los hogares españoles supone el 0,9 % del presupuesto familiar, muy por debajo del 3 % que marca la ONU como límite para garantizar el derecho de asequibilidad. Independientemente de cómo se repercuten los costes finales, es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo de concienciación acerca esta situación privilegiada, especialmente si se tiene en cuenta que el país es uno de los que más estrés hídrico sufre de la UE y está definitivamente amenazado por el cambio climático.

También tenemos que tener muy en cuenta que en España, reemplazamos la red de abastecimiento a un 0,9 % anual, y la de alcantarillado, en peor estado, a un 0,6%; y que tenemos una tasa de ANR (Agua No Registrada) del 23 %, que es el agua que se pierde en la red de suministro. Hace falta pues inversión y tecnología actualizada para seguir perpetuando lo que definió Alejandro Maceira, socio fundador de iAgua, como “el milagro que supone que 45 millones de españoles y más de 50 millones de turistas accedan al agua en cantidad y calidad suficientes todos los días del año en una de las zonas más áridas del planeta”.

Por otra parte, el peligro de concesionar más de la capacidad real de la cuenca, como señala Bitar, afecta directamente a la seguridad hídrica, un peligro que el cambio climático no hace más que acrecentar. La incertidumbre sobre la disponibilidad de agua en el futuro es un tema crucial, que obliga más que nunca a tener en cuenta el ciclo integral del agua para tomar decisiones. Esto implica tomar conciencia de lo que ocurre más allá del grifo, tanto aguas arriba, como aguas abajo, y sobre todo tener una visión cabal de que el agua es un bien transversal que afecta a todos los sectores. No se pueden segmentar los problemas por cuencas ni por municipios sin caer en una atomización anquilosante, como afirma Gonzalo Delacámara, coordinador del Grupo de Economía del Agua y consultor de la ONU: “En España hay una dificultad adicional al no existir un ente regulador como tal, por lo que la regulación se realiza ad hoc en cada contrato; esto nos lleva a una hiperregulación, que no funciona”.

La necesidad de un ente regulador independiente, con capacidad para establecer criterios tarifarios y velar por el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y transversalidad en la gestión, es una opinión compartida por la mayoría de expertos, asociaciones ciudadanas, ambientales y operadores públicos. Este ente debería contemplar siempre el ciclo integral del agua, velar por el correcto funcionamiento de los mecanismos de acción social que evitan el desahucio hídrico y favorecer la justa repercusión de los cánones que, en la actualidad, es muy desigual en España.

Estamos ante una situación que tenemos que resolver, pues no nos queda mucho tiempo. En muchas áreas del planeta el agua ha dejado de ser un bien renovable y el futuro no es halagüeño. El conflicto entre lo público y lo privado no debe ocultar donde está la realidad de los problemas del agua, y lo más cabal, pensando a nivel global, es lograr la justa colaboración entre ambos sectores que garantice el cumplimiento del derecho universal al agua y al saneamiento. Esta colaboración debe crear valor añadido y generar conocimiento y tecnología que luego pueda transferirse a las comunidades más necesitadas. Así lo ha entendido la ONU, que considera que gracias a la adecuada colaboración público-privada 2.100 millones de personas han conseguido acceso al agua potable en la última década. Aún quedan 663 millones que no pueden disfrutar de este derecho. Estamos obligados a crear sistemas de gestión eficiente. Éste es también un derecho humano.