La solidaridad tiene retorno. Y la cooperación, valor económico

La solidaridad tiene retorno. Y la cooperación, valor económico

Las economías fuertes deben seguir invirtiendo en una herramienta de beneficio global y alto impacto transformador: el agua. Frente a la incertidumbre sobre el futuro de la cooperación internacional, debemos encontrar nuevas formas de impulsar la colaboración público-privada. Invertir en las zonas más vulnerables no es solo un acto de solidaridad, sino una estrategia que beneficia a todos.

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Invertir en las zonas más vulnerables no es solo un acto de solidaridad, sino una estrategia que beneficia a todos. © Carlos Garriga /WAWF

El anuncio del cierre de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de la Administración de Donald Trump ha generado un notable impacto en la comunidad internacional. Con un presupuesto anual de 40.000 millones de dólares, USAID es la mayor institución de cooperación del mundo, generadora de un 40% de la financiación global para asistencia humanitaria en más de 130 países. Su posible desaparición ha disparado alarmas en las Naciones Unidas, cuyos programas de ayuda recibieron en 2024 un total de 72.000 millones de dólares, en gran parte provenientes de los aportes estadounidenses.

Más allá de si el cierre de la agencia se concreta, la nueva postura de EE. UU. respecto a la cooperación internacional y la Agenda 2030 ha puesto en jaque el multilateralismo en la ayuda humanitaria. Este modelo de colaboración—basado en la acción conjunta de gobiernos, organizaciones internacionales y ONG—ha sido hasta ahora la filosofía que ha orientado los esfuerzos globales para el desarrollo de las comunidades más vulnerables. Su debilitamiento plantea interrogantes sobre el futuro de la asistencia internacional en un mundo cada vez más interconectado.

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El acceso al agua, el saneamiento y la higiene mejora la salud pública, previniendo epidemias y salvando innumerables vidas. © Dominic Chavez/World Bank

Todos ganamos con la inversión en ayuda

En cuanto al cambio climático, otro de los temas menospreciados por la nueva política estadounidense, en 2024 se ha reafirmado el consenso entre los expertos sobre la necesidad de la participación del sector privado en la financiación de las ayudas.

En la pasada Semana Mundial del Agua (World Water Week ) asistimos al diseño de las estrategias de financiación a debatir en el Water for Climate Pavilion de la COP29. Allí se expuso que el mundo necesita movilizar hasta 7 billones de dólares para 2030 en infraestructura hídrica global si queremos cumplir nuestros compromisos con los ODS relacionados con el agua y recuperar décadas de retraso. También se destacó la rentabilidad de las inversiones en adaptación climática: cada 55.000 millones de dólares destinados a prevención permitirían un ahorro de 245.000 millones en costes. 

En el ámbito del agua, los datos reflejan contextos de retorno similares. Cada año, la falta de acceso al agua y al saneamiento genera pérdidas globales de 260.000 millones de dólares, y los cálculos indican que cada dólar invertido en agua genera un retorno de cuatro. Además, según estimaciones de aseguradoras europeas, por cada dólar invertido en prevención de desastres naturales provocados por el clima (como sequías e inundaciones), el retorno podría alcanzar los 15 dólares.

Este es, en teoría, un escenario prometedor para impulsar los principios de cooperación del ODS 17, en particular su meta 17.17, que insta a fomentar y promover alianzas eficaces entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, aprovechando la experiencia y los recursos de cada actor.

Sin embargo, en materia de financiación del agua, queda mucho camino por recorrer. Actualmente, casi el 91 % del gasto anual en agua proviene del sector público—incluyendo gobiernos y empresas estatales—mientras que menos del 2 % proviene del sector privado.

La lucha contra la sequía es especialmente urgente. En octubre pasado, durante la  Drought Resilience +10 Conference, organizada por la Organización Meteorológica Mundial OMM) y la FAO,  el llamado al incremento de la participación privada fue unánime.

El retorno es un beneficio global

El sector privado ya ha comprendido, en gran medida, que desarrollar la sostenibilidad en las ayudas es también una inversión económica. Más allá del ámbito financiero, el retorno social de estas inversiones genera estabilidad, un factor clave para un desarrollo sostenible y beneficios globales a largo plazo.

Desde nuestra experiencia, tras haber trabajado en 109proyectos en las regiones más vulnerables de 40 países, hemos identificado los pilares fundamentales que sustentan estos beneficios. Nuestra labor con administraciones, UNICEF y nueve ONGs nos permite sintetizarlos en los siguientes puntos:

  • Garantizar el acceso al agua y al saneamiento impulsa el desarrollo económico. Estos servicios esenciales crean nuevos mercados y reducen la expansión de movimientos extremistas, ya que a menor pobreza, menor vulnerabilidad al reclutamiento, especialmente entre los hombres jóvenes. El resultado es una mayor estabilidad social y política
  • La estabilidad  reduce la migración forzada, un fenómeno que perpetúa el subdesarrollo y genera desequilibrios demográficos que también afectan a los países más prósperos.
  • El acceso al agua, el saneamiento y la higiene mejora la salud pública, previniendo epidemias y salvando innumerables vidas. Esto, a su vez, reduce los costos sanitarios y los riesgos económicos asociados.

Las escuelas con acceso seguro a agua y saneamiento impulsan una educación de calidad. Esto disminuye la dependencia de recursos estatales y aumenta las oportunidades de generar riqueza, especialmente para las mujeres.

Reducir los riesgos

A pesar de estos argumentos, debemos ser realistas y reconocer que aún no parece haber los incentivos suficientes para desencadenar el denominado blended finance, el financiamiento mixto, un modelo que busca utilizar fondos públicos para atraer inversión privada reduciendo su nivel de riesgo. 

Las inversiones en agua y saneamiento requieren infraestructuras de largo plazo, pero la inestabilidad política y la violencia pueden hacer que los proyectos sean inviables o de alto riesgo. Reconocer y mitigar estos riesgos es clave para atraer capital privado. Para ello, es fundamental considerar que el agua une más que separa y tener en cuenta los siguientes factores:

 

  • Infraestructuras adaptadas y basadas en datos precisos. Cada comunidad tiene necesidades específicas, por lo que es esencial diseñar instalaciones acorde a sus características geográficas, demográficas y climáticas. Por ejemplo, una planta depuradora debe ajustarse al tipo de suelo, la disponibilidad de agua y la densidad de población.
  • Seguridad jurídica y lucha contra la corrupción. Los fondos privados suelen evitar estos problemas. En muchos países en conflicto, la falta de transparencia en la gestión de ayudas y la debilidad institucional desincentivan la inversión privada. Para superar este obstáculo, es fundamental fortalecer la gobernanza, implementar regulaciones más eficaces y hacer un uso estratégico de los recursos existentes. Las garantías financieras y los seguros contra riesgos políticos pueden jugar un papel crucial en este proceso.
  • Soluciones profesionales y de bajo costo. Las infraestructuras modulares y los sistemas descentralizados de agua y saneamiento ofrecen alternativas flexibles y rentables, permitiendo una mayor adaptabilidad a contextos cambiantes. Existe un amplio margen para que las empresas contribuyan a la profesionalización del sector, aportando experiencia esencial, innovación y capacidad para absorber riesgos.
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Las escuelas con acceso seguro a agua y saneamiento impulsan una educación de calidad. © Carlos Garriga /WAWF

Estas soluciones están dando resultados, como señala el Informe Anual 2024 de la Asociación Global para la Seguridad del Agua y el Saneamiento (GWSP, por sus siglas en inglés) que destaca avances significativos en la gestión del agua y el saneamiento a nivel mundial. Solo en el último año, el GWSP influyó en más de 9.300 millones de dólares en nuevos préstamos del Banco Mundial, beneficiando a 70 países.

Una buena noticia es que 46 de estas iniciativas se han implementado en regiones frágiles y afectadas por conflictos violentos, como Sudán, la República Democrática del Congo y el Sahel, demostrando que la inversión en agua y saneamiento puede generar impacto incluso en contextos de alta inestabilidad.

En los países ricos gobernados inmersos en políticas proteccionistas, está siendo difícil justificar ante los votantes el gasto en ayudas externas cuando hay recortes presupuestarios y problemas para financiar servicios públicos. Hay que insistir en que la ayuda externa no es caridad, sino una herramienta clave de política exterior basada en la ética. 

Frente a la incertidumbre sobre el futuro de la cooperación internacional, el mensaje es claro: invertir en las zonas más vulnerables beneficia a todos. En el ámbito del acceso al agua y el saneamiento, el alto costo de la inacción está más que demostrado. El multilateralismo sigue siendo la mejor vía para lograr un beneficio global.