Los disturbios y la violencia han marcado la regresión de la educación marfileña desde la guerra civil de 2002. Entonces, los sangrientos enfrentamientos obligaron a más de un millón de personas a migrar internamente. Tras las controvertidas elecciones de 2010, volvió a estallar la violencia y los desplazamientos se recrudecieron. La pobreza asoló las zonas rurales e hizo crecer desmesuradamente los tugurios alrededor de las ciudades. Las escuelas cerraron durante un largo periodo y muchos docentes emigraron a los países vecinos y Europa.

La crisis educativa se hizo crónica en Costa de Marfil y se concatenó con la agrícola en las zonas rurales. Allí, la pobreza y la falta de oportunidades hicieron mella en los jóvenes, con especial incidencia en las mujeres.

Los tugurios no menguan y en muchos de ellos las condiciones de vida empeoran. En Abiyán, últimamente los desalojos de miles de residentes son habituales por parte del Gobierno para construir infraestructuras enfocadas a la industria y el turismo. Tras derruir sus precarias viviendas, familias enteras son expulsadas sin otra alternativa que acudir a otro asentamiento cercano. Y el problema se agrava sin entreverse una solución.

Los datos del JMP corroboran esta lacra que es un considerable freno hacia el ODS 6; incluso señalan un retroceso: en 2020, casi 600.000 marfileños habitantes de las ciudades acudían a las aguas superficiales para sobrevivir; eran 240.000 más que en 2015. El mismo empeoramiento se muestra con respecto a la defecación al aire libre: en 2020 eran 1,37 millones los habitantes de las ciudades que la practicaban, unos 370.000 más que en 2015.

Estos datos son un síntoma de un problema socioeconómico de envergadura: los procesos migratorios internos no se detienen y los tugurios no menguan, sino que la situación en muchos de ellos empeora.

Las comunidades de las zonas rurales, empobrecidas, son incapaces de retener a los jóvenes que abandonan sus hogares la mayoría sin haber completado los estudios de primaria y sin capacitaciones para encontrar empleo. Dos millones de niñas y niños quedan fuera de un sistema educativo en crisis permanente que está lastrado además por fuertes desigualdades de género.

Es preciso construir escuelas y mejorar las existentes, y hay que hacer especial hincapié en asegurar instalaciones de agua y saneamiento e higiene seguras, sobre todo para las mujeres. Las escuelas tienen que configurarse como entornos atrayentes y estimulantes para los más jóvenes y sus familias. Para ello es imprescindible también asegurar la capacitación de los docentes y dotarlos de recursos; otra de las nefastas consecuencias de la crisis desencadenada en 2010 es la escasez de profesorado y su baja cualificación específica para la educación infantil.

Hay zonas en las que, para una población de cerca de 200.000 habitantes, sólo existen 78 centros de infantil, unos 170 docentes y 146 aulas con capacidad para no más de 4.321 estudiantes. Además, cerca del 80% de niños y niñas tienen que desplazarse más de 15 km para llegar a la escuela. Por otra parte, uno de cada cinco centros están incompletos, sólo el 46 % tiene algún punto de suministro de agua potable y la mitad carece de instalaciones de saneamiento en condiciones.

Otro problema al que se enfrenta Costa de Marfil es el de la contaminación por plástico, que está perjudicando la salud y causando estragos en el medio ambiente. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sólo la capital económica, Abiyán, produce diariamente por sí sola más de 280 toneladas de residuos plásticos. Menos del 10% (unas 20.000 toneladas) se recogen para reciclar; el 90% restante se entierra en vertederos locales o se arroja sin control a la naturaleza.

Una iniciativa de UNICEF está afrontando este problema de una forma innovadora. La agencia ha establecido una asociación con la empresa colombiana Conceptos Plásticos que ha levantado una factoría para fabricar ladrillos con plástico reciclado con los que construir instalaciones escolares. Los beneficios de esta iniciativa tienen tres vertientes: se fomenta la recolección de residuos, se consigue una materia prima barata y se conciencia a las comunidades de la importancia del control del plástico y de su reciclaje.

Tres de estas escuelas estarán operativas en 2024 gracias a un proyecto en el que estamos colaborando en la región de Kabadougou, en el noroeste del país, donde los índices de pobreza alcanzan el 61%. El riesgo de no escolarización en esta zona es del 54,6%, la mayoría niñas, cifra que es de las más altas del país.

El objetivo, además de revertir la crisis educativa con la construcción de aulas y la capacitación de los docentes, es reducir radicalmente la morbilidad y la mortalidad infantil causadas por las deficiencias en acceso al agua e instalaciones seguras de saneamiento e higiene. Es una situación que ha impedido el desarrollo de una cultura de la salubridad hídrica que ponga freno a la malaria, las enfermedades diarreicas y la neumonía, endémicas en la región.