Hace falta dinero para el agua. Según el PCM, en 2022, todavía quedaban 296 millones de personas sin seguridad sanitaria en el acceso y 115 millones seguían abasteciéndose directamente del agua superficial de ríos, acequias y estanques. Avanzamos, pero lentamente; la ONU da ya por supuesto que no se alcanzará el ODS 6 en 2030, pero mucho se puede hacer a corto plazo para sacar de la pobreza hídrica a millones de personas. Invertir en infraestructuras es fundamental.

Hace algo más de un año, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua se hizo eco de la llamada del Banco Mundial: hacían falta los 300.000 millones de USD para garantizar la seguridad hídrica y de saneamiento de todos los habitantes de la Tierra; esta inversión garantizaría, según la propia institución financiera, un billón de beneficio para la humanidad; es decir, por cada tres USD invertidos se obtendría un retorno de diez.

Pero este dato no acaba de incentivar la inversión. Ya en la pasada COP 28 vimos las dificultades para definir y ejecutar el Fondo para Pérdidas y Daños, un recurso clave para financiar la adaptación al cambio climático de los países más pobres. La inestabilidad geopolítica causada por la guerra de Ucrania, los múltiples conflictos violentos en África y, recientemente, la tensión en Oriente Medio, a consecuencia de la guerra de Gaza, han creado un escenario que aumenta el riesgo para los inversores.

La inversión en temas específicos para el acceso al agua y la gestión de cuencas sufre un entorpecimiento similar, y la urgencia para revertir esta situación es evidente. Los incuestionables informes de las aseguradoras señalan que, durante la próxima década, los principales riesgos globales están directamente relacionados con el agua: las sequías, los desastres naturales, los fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor y la pérdida de biodiversidad están causados por la alteración del ciclo del agua y la falta de gestión de los recursos hídricos. Debemos acelerar, pues el calentamiento global lo está haciendo.

Recientemente, el Banco Mundial ha estimado que se necesitarán 6.700 millones de USD en infraestructuras relacionadas con el acceso al agua para 2030, y se espera que esta cifra aumente a 22.600 millones para 2050.

Con el objetivo de viabilizar e incentivar las inversiones, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Grupo de Recursos Hídricos 2030, entidades que forman parte del Grupo del Banco Mundial, han dado un paso más pragmático creando el Marco Estratégico para escalar la financiación del agua.

La iniciativa se centra en cuatro áreas clave para activar la financiación y la innovación en los países en desarrollo: el establecimiento de condiciones favorables a la inversión; la obtención de los conocimientos especializados que posee el sector privado; la diversificación de las soluciones de financiación; y avanzar en la comprensión por parte de la opinión pública de los resultados climáticos. Es un paso adelante que contextualiza del problema de la financiación y crea el escenario para fomentar la colaboración público-privada con una invitación a la participación de las empresas.

Ayudar a los que menos tienen favorece a todos

Se espera que la demanda de agua supere a la oferta en un 40% al final de esta década; la inversión en infraestructuras es la clave para cerrar la brecha y lograr que los países que menos han contribuido al calentamiento atmosférico logren la adaptación a sus consecuencias.

Es un esfuerzo que comporta beneficios globales. El desarrollo de soluciones en las regiones menos avanzadas, además de ser de justicia, permite a las empresas desarrollar aplicaciones y aumentar su conocimiento en infraestructuras y tecnologías innovadoras. Hay ejemplos tangibles de estos avances en el desarrollo de sistemas de captación de agua de lluvia, en tecnologías de desalinización de bajo costo y sistemas de riego eficientes, entre otros, que pueden universalizarse a partir de experiencias concretas en zonas deprimidas.

No todos los beneficios son meramente financieros. La inversión en infraestructuras de suministro de agua proporciona, por supuesto, ingresos de la venta del servicio a los usuarios, pero también favorece la conservación de recursos hídricos, la restauración de ecosistemas, la prevención de la contaminación del agua y la promoción de la biodiversidad; es lo que los economistas califican como “externalidades positivas”, las que generan valor económico y social más allá de los ingresos directos. Estas externalidades son fundamentales en el contexto planetario del cambio climático.

Los beneficios de estas externalidades se extienden al ámbito social. La mejora de la salud y la calidad de vida de la población al proporcionar acceso a agua potable segura y saneamiento básico son evidentes. Es una de las principales consecuencias en todos nuestros proyectos: los más de tres millones y medio de beneficiarios han mejorado su salud y nivel de vida, las mujeres han ganado en seguridad y poder en sus comunidades que, con ellas, han ganado en cohesión. Sus hijos no interrumpen sus estudios y tienen un futuro mejor, y ese es un factor imprescindible para frenar las crisis migratorias y crear la base de la resiliencia frente a las crisis climáticas: son los jóvenes los que salvarán a la humanidad.

Alcanzar este nivel de inversión requiere el entorno adecuado y nos obliga a encontrar nuevos actores y estrategias. Los gobiernos deben establecer condiciones y reformas propicias para facilitar una mayor corriente de financiación pública y privada para las inversiones del sector del agua. Al mismo tiempo, las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo deben prestar apoyo a nivel nacional a soluciones que permitan el capital privado, la financiación mixta y el aumento del crédito para cubrir el riesgo del sector público.

Los sectores público y privado han infravalorado crónicamente el agua. En buena parte de países el precio del agua no refleja su valor económico real, ni siquiera cubre el costo de la prestación de servicios de suministro. La estéril controversia sobre la naturaleza pública del agua ha inhibido la inversión del sector privado. El agua es un derecho humano, pero para que este derecho llegue a todos es preciso un tejido mínimamente sano. Hacer frente a un desafío de esta escala requiere una respuesta sin precedentes. El sector público, por sí solo, no progresará hacia las metas del ODS 6; es preciso una estrecha colaboración con las empresas, que deben comprender el impacto completo y la rentabilidad de sus inversiones desde una perspectiva económica amplia y humana.