Además del daño en pérdida de vidas y aumento de la pobreza, la pandemia del coronavirus ha desvelado una lacra social que arrastra nuestra civilización y que es lacerante en muchas culturas: la estigmatización. Es una acción social por la que un grupo señala a otro, generalmente minoritario, como inferior y despreciable. Los motivos son diversos: raciales, xenófobos, de género, de enfermedad, jerárquicos, religiosos, nacionales, culturales, de categorización social, etc.

Las personas estigmatizadas quedan condenadas al ostracismo, la discriminación y el desamparo. En función de la cultura y las leyes del país son segregadas y atacadas física y verbalmente con impunidad. Con frecuencia, la propaganda demagógica de políticos, líderes religiosos y sociales las caricaturiza y demoniza, mostrándolas como la causa de los males que sufre el grupo dominante.

Los colectivos que viven en la pobreza extrema suelen ser incómodos y sufren por ello el estigma de una parte de la sociedad en la que viven. Son actitudes frecuentes en las comunidades sin acceso al agua y el saneamiento. Las sufren los que malviven en tugurios y arrabales o pertenecen a etnias indígenas o a castas inferiores. A ellos no llega el Derecho Humano al Agua y no suelen participar en los planes de sus gobiernos. Son invisibles para el mundo que sólo parece acordarse de su existencia cuando las hambrunas y las guerras generan dramáticas migraciones.

Muchos de los movimientos populares que luchan por el agua son estigmatizados por gobiernos y multinacionales como violentos con la finalidad de desprestigiar sus reivindicaciones, como ocurrió durante la Guerra del Agua en Cochabamba, en Bolivia. La ocultación y el ostracismo están presentes en muchos casos de contaminación del agua, como la que causa las minas de oro ilegales en Ghana, donde los que sufren las consecuencias insalubres de los metales pesados malviven abandonados. Ha ocurrido también en Perú: cuando los indígenas amazónicos de la etnia Kukama-Kukamiria vieron sus aguas fluviales contaminadas por vertidos de petróleo, quedaron aún dependen de la captación de agua de lluvia para subsistir.
 

En India, las comunidades de la casta dalit, que suman una población de unos 200 millones, representan el paradigma de la estigmatización social. Viven discriminados en las oportunidades laborales, en educación, en acceso al agua y al saneamiento, y generalmente son los encargados de realizar los trabajos más duros e insalubres sin ningún tipo de prevención ni cobertura sanitaria. Con la pandemia están aún más discriminados por la amenaza de contagio que representan. Aunque hace 70 años que la constitución india abolió las castas, el sistema aún impregna la vida cotidiana del segundo país más poblado del mundo.

Los dalit que acceden al mundo laboral lo hacen con trabajos ocasionales e informales, y a menudo trabajan en zonas dispares de la India, lejos de sus hogares, por lo que se convierten en migrantes perpetuos. Muchos se encontraron atrapados y sin trabajo el pasado 23 de marzo, cuando el Gobierno decretó el confinamiento, y muchos aún vagan abandonados subsistiendo de las escasas ayudas que reciben con el agravante del temor al contagio que generan.

La discriminación del mundo dalit es bien conocida por la Fundación Vicente Ferrer que, desde que inició su actividad en India en 1969, ha estado trabajando por sus derechos y por los más pobres y desamparados del país, principalmente en el estado de Andra Pradesh. En la última década, la Fundación We Are Water ha colaborado con la Fundación Vicente Ferrer en 10 proyectos para proporcionar acceso al agua y saneamiento que han beneficiado a más de 85.000 personas.

Uno de estos proyectos es en la región de Bathalapalli, donde se instalaron 10 pozos y sus respectivas bombas, en una de las zonas más áridas del sur de India. Allí la Fundación Vicente Ferrer inauguró el año 2000 un hospital para proporcionar el acceso a la salud de la población rural que prácticamente no disponía de cobertura sanitaria alguna. En la actualidad el Hospital de Bathalapalli, que dispone de 360 camas, cuenta con cinco especialidades: Medicina General, Cirugía, Traumatología, Pediatría y Ginecología-Obstetricia; y sus instalaciones disponen de una unidad de cuidados intensivos, un laboratorio, un banco de sangre y una Escuela de Enfermería con 200 camas.

En el estado de Andra Pradesh se ha registrado la tasa de crecimiento de covid-19 más alta de India. Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno del estado declaró el hospital de Bathalapalli “centro de referencia” para el tratamiento de la covid-19. Desde allí se ha detectado y denunciado un nuevo estigma: el que provoca el temor a infectarse y que afecta no sólo a los enfermos sino también al personal sanitario que los atiende. El miedo al contagio hace que haya bajado drásticamente las donaciones de sangre y que algunos trabajadores sanitarios abandonen sus puestos por la presión del rechazo social. Solidarity, not stigma, es la campaña que ha lanzado por la Fundación Vicente Ferrer para combatir esta discriminación y mantener alta la motivación de profesionales y voluntarios de la salud, que cada día atienden más casos de covid-19 en la región.

El objetivo de #SolidarityNotStigma es transformar el miedo en amor al médico, al personal sanitario y sus familias como primer paso para erradicar el estigma. La campaña se añade a las de sensibilización y educación en la higiene entre la población rural que se combinan con el reparto de comida entre los que sufren pobreza extrema.

La estigmatización y el consiguiente rechazo al personal médico también se ha dado en las sociedades más ricas; y no sólo entre los que se han mantenido en primera línea en los hospitales, sino que también han sido víctimas de rechazo por sus vecinos algunos empleados en los comercios de alimentación, cuidadores y otros profesionales y voluntarios que han seguido trabajando para mantener servicios imprescindibles para el resto de la comunidad.

El estigma y el ostracismo son lacras que atentan directamente contra los Derechos Humanos y constituyen los factores más perjudiciales para el progreso social y un lastre del que la humanidad tiene que deshacerse para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La pandemia debe servir para que todas las sociedades sean conscientes de la importancia de avanzar en la idea de unidad. Los virus, como el agua, no conocen fronteras, etnias ni clases sociales.