“Nuestro país está en guerra consigo mismo. Todos estamos envueltos por el espíritu y la cultura de la guerra. Dondequiera que miremos en nuestro país, nos encontramos con destrucción: nos conocen más por lo que hemos destruido que por que hemos construido, y eso se ha convertido en sinónimo de nuestra identidad en todo el mundo”.

En abril de 2019 el periodista sursudanés Deng Ezekiel Ghew escribía este párrafo en un artículo en el The New Sudan Vision titulado Sudán del Sur se levantará de las cenizas de la destrucción. Señalaba la percepción que el resto del mundo, especialmente el industrializado, tenía de su país: conflictos bélicos y hambrunas como constantes en su corta historia. La tendencia al olvido es también evidente: que Sudán del Sur es un estado independiente desde 2011, y no una región de Sudán, es un hecho aún hoy poco conocido en el resto del mundo.

El estado más joven del mundo casi siempre ha generado malas noticias pero las de ahora son las más graves. Las últimas inundaciones han desencadenado la peor crisis alimentaria de su historia. El precio de los cereales básicos para la población está por la nubes y, según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), 8,3 millones de personas necesitan ayuda urgente para paliar el hambre. Además, el precio del combustible dificulta que el agua potable, los alimentos y los medicamentos lleguen a su destino.

Muchas de las pocas fuentes mejoradas de agua están dañadas, sobre todo en las zonas rurales donde, en 2020 y según datos del PCM, todavía casi un millón de personas consumían aguas superficiales. Las inundaciones también han afectado al acceso al saneamiento, todavía no recuperado desde el último episodio de lluvias desbordadas. Han quedado destruidas buena parte de las instalaciones con que las organizaciones de ayuda luchaban para erradicar la defecación al aire libre, que practican más de 6,7 millones de sursudaneses, el 60% de la población.

La crisis se ha agravado desde que el pasado 14 de junio el propio PMA anunciara la suspensión de un tercio de la ayuda alimentaria que recibía el país a causa del cierre de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Lo explicó Adenyika Badejo, directora del PMA en Sudán del Sur: “Esto ocurre en el peor de los momentos, ya que la hambruna no tiene precedentes”. El 16 de septiembre Badejo redobló la alerta: “Estamos extremadamente preocupados. Se está acabando el tiempo”.

En Sudán del Sur se confirma uno de los peores escenarios que el IPCC ha venido avanzando en sus últimos informes (AR5 y AR6): la alternancia de sequías e inundaciones catastróficas, que en muchas zonas del África subsahariana se están sucediendo durante estos últimos años. En la estación húmeda, de mayo a octubre, es frecuente el desbordamiento del Nilo y sus afluentes; la orografía del país no acompaña, pues su depresión central facilita la acumulación de agua en vastas zonas de cultivos y aldeas muy pobres con casas endebles.

Esta histórica sucesión de inundaciones, que según el Sudd Institute suman 27 desde 1991, se ha intensificado estos últimos cuatro años, haciendo muy difícil la resiliencia de las castigadas comunidades rurales. En 2021, se dieron las peores jamás sufridas en el país, que afectaron a más de 835.000 personas según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, y causaron cientos de miles de desplazados, la mayoría de los cuales aún no han podido regresar a sus hogares. La FAO calcula que en este episodio se anegaron 65.107 hectáreas de cultivo de cereales y 37.624 toneladas de grano quedaron destruidas.

Lo que está ocurriendo ahora estaba predicho. Este marzo, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, advirtió de que las lluvias estacionales caerían en una tierra que había sufrido tres episodios devastadores – en 2019, 2020 y 2021 – de los que aún no se había recuperado. Este septiembre, se contaban de nuevo por miles los desplazados, mientras que la mayoría de los que permanecen en sus hogares se encuentran aislados en zonas protegidas con diques, luchando para frenar la crecida de las aguas con barro, palos y plásticos. En las zonas más afectadas, los cultivos se han podrido y se calcula que unas 800.000 cabezas de ganado han perecido.

En estos casos, lo prioritario es siempre proporcionar acceso al agua potable junto a los alimentos, ya sea mediante la distribución de bidones y pastillas potabilizadoras para recoger agua y poderla beber o haciendo llegar el agua con camiones cisterna. Pero las organizaciones humanitarias tienen también dificultades para distribuir la insuficiente ayuda que llega. Sólo el 2 % de las carreteras están asfaltadas, por lo que se han convertido en un barrizal intransitable, y también la mayor parte de las pistas de aterrizaje de los aeródromos remotos están anegadas. Además de agua, alimentos y medicinas, se necesitan bombas para achicar el agua de las aldeas, equipos pesados con los que puedan construir barreras contra las avenidas y montículos en los que su ganado se mantenga a salvo por encima del nivel de las aguas.

La crisis humanitaria de Sudán del Sur no sólo tienen una causa climática. La guerra, que comenzó en diciembre de 2013 y se ha extendido en los últimos años, ha generado casi dos millones de civiles desplazados internos y más de un millón y medio que se han refugiado en los países vecinos. El gobierno militarizado, corrupto y sin formación democrática es incapaz de frenar los enfrentamientos entre comunidades y etnias.

Para que Sudán del Sur se levante necesitará ayuda más allá de las emergencias humanitarias. Necesitará, en primer lugar, una acción internacional decidida a estructurar un sistema democrático sólido, mediante alianzas consistentes y programas de ayuda a largo plazo. También será preciso que esta ayuda reconozca y actúe para compensar la “injusticia climática”, que nos recuerda que los países que menos CO2 emiten son los que sufren la mayor vulnerabilidad ante los impactos del calentamiento planetarios.

A este respecto, según el Banco Mundial, Sudán del Sur se encuentra en el numeroso grupo de naciones, principalmente subsaharianas y centroamericanas, que sus emisiones de gases de efecto invernadero son aproximadamente unas 44 veces menos que los países industrializados. La próxima COP 27 de Sharm el Sheikh debe dar un paso decidido en este sentido.