“El cambio climático amplificará los riesgos existentes y creará nuevos riesgos para los sistemas naturales y humanos. Los riesgos se distribuyen de manera desigual y, en general, son mayores para las personas y comunidades desfavorecidas en los países en todos los niveles de desarrollo”. Esta fue una de las previsiones que Jean-Pascal Van Ypersele, viecepresidente del (IPCC) (Intergovernmental Panel on Climate Change) comunicó en su intervención durante el Día Mundial del Agua 2015.

El climatólogo belga había acudido a las jornadas Social Perceptions of Water and Climate que la Fundación We Are Water organizó en Barcelona conjuntamente con la Organización Meteorológica Mundial (WMO). Junto con otros expertos, Van Ypersele resumió las bases científicas y las predicciones del Quinto Informe de Evaluación (AR5), cuya síntesis iba a presentar el IPCC en el COP 21 de París seis meses más tarde.

El AR5 ha sido la hoja de ruta para la mitigación y la adaptación al cambio climático durante los últimos cinco años, un periodo de tiempo en el que se han cumplido la mayor parte de las proyecciones presentes en el documento, lo que ha contribuido a que el fenómeno haya pasado a denominarse a escala mundial “crisis climática”.

Durante este tiempo, las agencias de las Naciones Unidas han insistido en la importancia de utilizar los datos científicos para evaluar y reducir los riesgos humanitarios de los fenómenos meteorológicos violentos, una de las amenazas más agresivas que se confirman año tras año en todo el planeta. La evolución de estos desastres ha desvelado que, más allá de la previsión meteorológica, es necesario avanzar en el conocimiento de los contextos sociales y económicos de las zonas expuestas, pues en muchas ocasiones la mala gestión del territorio y la incapacidad de respuesta al peligro causan más daño que la lluvia y el viento.

La importancia de comprender el significado de riesgo y los factores que lo generan está presente en el AR5 y toma especial relevancia en los actuales trabajos del IPCC para su sexto informe, el AR6, en el que se incorpora de forma muy especial la visión de la crisis climática desde las ciencias sociales y su importancia para mejorar la adaptación y disminuir la vulnerabilidad.

El IPCC define el riesgo como la probabilidad de que una comunidad sufra alteraciones graves en su funcionamiento normal y daños humanos, económicos o ambientales a causa de eventos físicos peligrosos. La ecuación que traduce esta definición, y que se maneja tradicionalmente en geografía como base de todos los estudios es:

Riesgo = Situación peligrosa x Exposición x Vulnerabilidad

En el caso del riesgo de inundación, la situación peligrosa puede ser un ciclón, una DANA o un deshielo acelerado que provoque una crecida hidrológica desmesurada. Los datos de estos últimos años, en especial de los ocho primeros meses de 2019, confirman un incremento de estos fenómenos peligrosos.

La exposición se define como la presencia de personas, hogares, edificios, instalaciones de servicios o cualquier bien económico, social o cultural en zonas donde pueden desencadenarse los fenómenos violentos. En el caso de una llanura inundable por una crecida, sus habitantes y sus bienes personales o comunitarios están expuestos a sufrir daño.

La vulnerabilidad es la predisposición a que las personas y sus bienes sean dañados. Por ejemplo, una casa en Filipinas está expuesta a un tifón, pero es vulnerable si está construida deficientemente. Lo mismo ocurre con un sistema de saneamiento defectuoso o mal calculado que contamina el agua en una inundación: es una instalación vulnerable que hace vulnerables a las personas que dependen de ese agua potable. La pobreza tiene una relación directa con la vulnerabilidad: las instalaciones deficientes, las chabolas y el hacinamiento de los tugurios son factores que incrementan la vulnerabilidad frente a las inundaciones.

El riesgo incluye pues estos tres factores con una relación directamente proporcional: a mayor intensidad del fenómeno y mayor número de habitantes y bienes expuestos, mayor es el riesgo.

Más allá del cambio climático, la gestión del territorio

La gestión del riesgo es compleja ya que depende en gran medida del lugar del planeta en el que ocurren los fenómenos, de su grado de exposición y de su vulnerabilidad. La mala gestión del territorio lleva, por ejemplo, a urbanizar zonas inundables y sustituir cultivos que dificultan la escorrentía, como los bancales y los frutales, por otros con menos poder de retención del agua.

Históricamente la mayor parte de las ciudades se han construido junto a ríos, muchas de ellas en zonas naturalmente inundables que iban ocupando con todo tipo de bienes y habitantes a medida que crecían. Esta ocupación ha aumentado no sólo la exposición y la vulnerabilidad, sino también la peligrosidad de los fenómenos ya que la impermeabilización del suelo por la capa urbana incrementa la violencia de las escorrentías que desbordan rieras y ríos.

La deforestación, que en muchos casos ha acompañado al desarrollo de estas zonas periurbanas, también representa un factor que incrementa la peligrosidad al arrastrar el agua tierra y vegetación con raíces debilitadas que embozan los desagües y aliviaderos. Muchas de estas infraestructuras están deterioradas o se han quedado obsoletas al estar calculadas para caudales menos voluminosos.

Muchos de estos problemas han quedado en evidencia en las inundaciones del sudeste de España del pasado septiembre. La peligrosidad del fenómeno batió récords, con pluviometrías de más de 450 litros por metro cuadrado en 48 horas, y de más de 140 en dos horas, con el consiguiente aumento de la torrencialidad. Sin embargo, el nivel de exposición y vulnerabilidad también había aumentado: durante las últimas décadas se han urbanizado terrenos agrícolas y muchas poblaciones se han extendido ocupando espacios inundables; muchas zonas forestales han aumentado su aridez, y se ha incrementado el abandono de los espacios fluviales, con menos limpieza de vegetación no deseada. También se han abandonado muchas prácticas agrícolas tradicionales en las áreas montañosas adyacentes a la cuenca de ríos y arroyos, como el cultivo en bancales o los sistemas de riego basados en el aprovechamiento de las aguas de escorrentía, prácticas que contribuían a retener el agua y reducir así la violencia de las avenidas.

Estos problemas son trasladables a muchas zonas del mundo que están actualmente experimentando el aumento de las inundaciones, como las regiones andinas de Perú y Bolivia, las zonas cercanas al Sahel de los países subsaharianos y las más áridas de India. La crisis climática se ha cebado en muchos de estos países y las previsiones del IPCC siguen cumpliéndose en los seis primeros meses de este año 2019, ya que los desastres naturales hidrometeorológicos (ciclones, tormentas y lluvias torrenciales) están siendo especialmente agresivos.

Una referencia de la incidencia humanitaria de estos fenómenos son los datos que proporciona el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) que desde 2013 viene siguiendo y analizando los desplazamientos humanos provocados por desastres, tanto humanitarios (guerras, conflictos políticos o étnicos) como naturales (terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, etc).

El IDMC ha constatado que los fenómenos meteorológicos extremos causan, en promedio, el 90% de los desplazamientos humanos forzados. En un reciente informe, de enero a junio de 2109, el IDMC señala que más 5,5 millones de personas tuvieron que desplazarse a la fuerza a causa de la inundación de sus zonas de residencia o trabajo. Algunos de los desastres causantes han aparecido profusamente en los medios de comunicación; otros no, en su mayor parte los acontecidos en las zonas más pobres y olvidadas del planeta, donde la vulnerabilidad es muy alta.

La mayor parte de los desplazamientos en África subsahariana y Latinoamérica se dan durante las estaciones lluviosas, de abril a mayo y de octubre a noviembre. En los Estados Unidos y el Caribe, Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico, las temporadas de ciclones y tifones, así como la temporada de monzones, tienden a tener lugar entre junio y septiembre, y en noviembre y diciembre. Los expertos del IDMC señalan de que, en este 2109, el retraso de los monzones en el sur de Asia y la especial virulencia de la temporada de ciclones que finaliza el 30 de noviembre, puedan disparar las cifras a valores de récord.

Muchos de estos desplazamientos, que en realidad reducen la exposición y la vulnerabilidad de las personas pero no la de sus bienes que deben abandonar, han mostrado un esperanzador avance en efectividad. Un caso destacable fue el paso del ciclón Fani por India y Bangladés el pasado mayo, donde los afectados alcanzaron casi los 3,5 millones. El Fani fue el ciclón tropical más fuerte que ha golpeado la India en 20 años y causó la muerte de 12 personas y miles de hogares destruidos en las zonas más pobres del estado de Orissa. Sin embargo, el Fani hubiera causado una catástrofe humanitaria sin el eficaz plan de evacuación llevado a cabo por el Gobierno que logró alejar en un tiempo récord a más de un millón de habitantes gracias al trabajo de miles de policías y voluntarios y a dar precisas instrucciones a la población por mensajes en los móviles y megafonía en las calles.

Ante la realidad del aumento de los fenómenos violentos es fundamental aplicar medidas preventivas diferentes y concretas en cada región geográfica para reducir la exposición y vulnerabilidad. Los expertos del IPCC abogan por desarrollar mapas de regiones-riesgo y presentar planes específicos de medidas preventivas para cada caso. En Europa, existe desde 2007 la Directiva de Inundaciones que supuso una nueva gestión del riesgo, con la identificación de los tramos fluviales y costeros inundables, la confección de mapas de mapas de peligrosidad y riesgo, y la elaboración de planes de gestión del riesgo de inundación (PGRIs).

La gestión adecuada del riesgo ante los fenómenos meteorológicos extremos debe incrementar por supuesto el conocimiento de los datos climáticos, y las predicciones meteorológicas en tiempo real, pero debe incorporar la adecuada gestión del territorio para reducir la exposición y la vulnerabilidad. Tiene que existir un consenso internacional para que sobre todo las comunidades más vulnerables tomen conciencia del significado del riesgo en el que viven para fomentar así su capacidad de autoprotección y presionar al poder político para que vele por su seguridad reduciendo su exposición y vulnerabilidad. La crisis climática nos coloca ante un reto que mes a mes demuestra que es inaplazable.