El Río Hai Tianjin, China.
©Yang Aijun / Banco Mundial

Hay cierta confusión entre la ciudadanía sobre algunos conceptos clave para entender el alcance y significación del ciclo urbano del agua, que dificulta notablemente el avance hacia su eficacia. Gobiernos, operadores y todas las instituciones involucradas debemos hacer un esfuerzo para informar adecuadamente sobre el acceso al agua y al saneamiento, que es mucho más complejo de lo que popularmente se cree. Es complejo pero no incomprensible, y este es un reto de comunicación que tenemos que afrontar con urgencia.

Tanque en Ghana.
© Arne Hoel / El Banco Mundial

Una causa frecuente de confusión es el poco alcance que tiene a nivel de comunicación el concepto de “acceso al agua”. El enunciado del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que resolvió en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha dado pie a que en ciertos sectores de la opinión pública se haya otorgado al agua la categoría de “bien público universal”, y establecerla como una premisa ineludible para afrontar cualquier modelo de gestión. Aunque el concepto es filosóficamente bienintencionado, es inexacto, choca con la realidad y entorpece la construcción de una gobernanza sostenible que sea resiliente ante el gran desafío del cambio climático, la contaminación y los desequilibrios demográficos y económicos que se nos vienen encima.

Ante esta situación de crisis planetaria es mucho más eficaz, como señalan mayoritariamente los expertos, hablar en términos de “seguridad hídrica”. La definición del término más aceptada universalmente es la de los economistas David Grey y Claudia W. Sadoff (2007): “la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud, la producción de bienes, servicios y medios de subsistencia, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua”. Una definición que resume acertadamente Andrés Martínez, profesor titular en la Universidad de Cuenca, en su blog de iAgua como “la capacidad de aprovechar el potencial productivo del agua y limitar su potencial destructivo”.

La primera aportación de valor de la definición es el término “confiable”, que no incluye la mera disponibilidad del recurso sino que exige la eficiencia del servicio. Esto permite asignar las disciplinas asociadas a la gestión del agua con mayor exactitud: la meteorología, climatología, hidrología y las tecnologías de captación se sitúan preferentemente en el ámbito de la disponibilidad; mientras que el servicio se asocia preferentemente a la economía y puede así definirse simple y llanamente como una industria.

La introducción de la seguridad hídrica permite situar de una forma más comprensible el Derecho Humano en el ámbito político, que es en el que inicialmente nació: una resolución que exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros y tecnológicos para lograr un suministro de agua potable y saneamiento saludables, limpios, accesibles y asequibles para todos; es decir, la obligación de los estados de proporcionar seguridad hídrica a los ciudadanos y, por consiguiente, facilitar la implementación de modelos de gestión eficaces.

Planta de tratamiento de aguas residuales. Manila, Filipinas.
©Danilo Pinzon / Banco Mundial

Es importante aquí señalar que en la definición de derecho humano al agua se incluye el de su asequibilidad: la factura del agua no debe sobrepasar el 3 % del presupuesto familiar, según la ONU; es decir, y así queda reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el suministro de agua tiene un coste que tiene que repercutir en un “precio”.

El agua suministrada en el ciclo urbano no puede ser gratis, aunque es evidente que una gobernanza eficaz debe diseñar una política de precios que, además de recuperar los costes, genere incentivos económicos que garanticen la resiliencia financiera del modelo y que, por supuesto, sea justa. El sistema de precios también debe dejar bien claro el coste medioambiental y facilitar la evolución hacia la economía circular considerando el coste de la lucha contra los contaminantes y muy en especial los emergentes, que constituyen un factor más de riesgo en el suministro.

Trasladar el concepto de bien público desde el agua como mero recurso a una seguridad hídrica que debe pagarse colectivamente permite enfocar el ciclo urbano desde una perspectiva más inclusiva para los ciudadanos. Al incluir los riesgos destructivos, como las sequías, las inundaciones y la contaminación, en el diseño de un sistema de precios transparente y consensuado, se puede transmitir con más claridad esta variable de riesgo a los ciudadanos y así estos pueden ser más conscientes de la realidad del proceso de suministro. Con un modelo de asignación de precios bien explicado todos podemos ser también partícipes de las pérdidas y comprender de la vulnerabilidad del acceso al agua. Se pueden sentar así las bases de una sociedad más responsable en el uso del agua y más solidaria a nivel planetario.

Baño público en el barrio de las chabolas de Ciudad Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia de El Callao, Perú.
En Perú, el 62% de las personas en las áreas rurales y el 18% en las áreas urbanas aún no tienen acceso a saneamiento mejorado.
©Mónica Tijero / Banco Mundial.

Desde la perspectiva de la seguridad hídrica como un bien público bien entendido por la ciudadanía, la polémica sobre la gestión pública, privada o mixta del agua pierde protagonismo, lo que en países como España permitiría pasar página de una controversia que ha estado siempre distorsionada por idearios políticos de diverso signo y siempre cambiantes; cuando en realidad lo que todos necesitamos es un modelo eficiente que garantice la adaptabilidad a los avatares del cambio climático, y que facilite el avance hacia una economía circular internacionalizada.

Liberados de la visión limitante del simple derecho de acceso al agua por el mucho más abierto derecho a la seguridad hídrica, el reto de comunicar bien a la ciudadanía no disminuye, pero se carga de contenidos más comprensibles y con mayor potencial de alcance. Explicar el ciclo urbano diferenciado la disponibilidad del recurso, el agua antes del tratamiento, del proceso de suministro puede explicar mejor el papel de la climatología y la meteorología y erradicar la idea de que el problema del agua es sólo debido a la sequía. Permite entonces explicar mejor las instalaciones y la tecnología avanzada necesarias para el suministro, y que estas tienen que estar garantizadas por un modelo de gestión eficiente: deben estar siempre al día para minimizar pérdidas, protegernos de la contaminación, salvaguardar el medio ambiente y responder ante las crisis de escasez. De este modo se podrán también comprender mejor los debates sobre el consumo de la agricultura, el equilibrio de cuencas y, en definitiva, la importancia del agua como generadora de riqueza.

Nos encontramos ante un reto que tenemos que afrontar para avanzar colectivamente. Estamos obligados a encontrar el contenido y los canales de comunicación adecuados para concienciar a los ciudadanos, de una forma clara, sobre el ciclo urbano del agua. Una ciudadanía informada facilitará la adopción de modelos de gestión eficaces porque serán propiedad intelectual de todos.

El Proyecto de Desarrollo de Asociaciones de Usuarios de Agua ayuda a mejorar el riego y el drenaje en las zonas rurales de Azerbaiyán.
©Allison Kwesell / Banco Mundial